La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que, en caso de que las autoridades estadounidenses incauten recursos pertenecientes a Ismael "El Mayo" Zambada, se solicitará formalmente que dichos bienes sean repatriados a México, al tratarse de delitos cometidos en territorio nacional y cuyo impacto ha sido directo sobre la sociedad mexicana.
“El cálculo es del Departamento de Justicia, no quiere decir que necesariamente exista ese recurso o que se entregue, pero si hubiera una incautación, se pediría que esos bienes fueran devueltos a México”, expresó la mandataria en su conferencia matutina, al referirse al reciente señalamiento del gobierno de Estados Unidos sobre la supuesta fortuna del líder del Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum aclaró que no se trata de una acción improvisada, sino de un procedimiento respaldado por protocolos internacionales de cooperación y por el trabajo coordinado entre instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las fiscalías de ambos países. “Hay coordinación en estos casos, sobre todo en temas de lavado de dinero. No es algo nuevo. Existen protocolos mediante los cuales se comparte información si hay pruebas”, añadió.
La declaración de la presidenta se da tras la difusión del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluyó a “El Mayo” Zambada en la lista de narcotraficantes con grandes fortunas ilícitas, aunque sin detalles públicos sobre montos precisos o bienes localizados. La mandataria fue cauta al señalar que “hay que ver hasta dónde llega esta situación”, en referencia a si efectivamente se concretará alguna confiscación.
El planteamiento de Sheinbaum subraya un principio diplomático y jurídico que ha sido reiterado en otros casos: cuando los delitos y sus efectos han tenido lugar en México, los recursos recuperados deben ser restituidos al Estado mexicano. Este fue también el argumento utilizado en el caso de Genaro García Luna, en el que México ha reclamado formalmente bienes asegurados en Estados Unidos.
Más allá del caso individual, la postura de la presidenta refuerza la narrativa de recuperación de soberanía y reparación del daño, en el marco de una política que busca que los recursos generados por el crimen organizado no se queden en manos extranjeras, sino que se traduzcan en acciones a favor de las víctimas y el Estado.
El mensaje también responde a una preocupación estructural: garantizar que los beneficios de la cooperación bilateral no se limiten al ámbito judicial, sino que tengan un impacto tangible en el territorio afectado por el crimen. En este sentido, la eventual repatriación de activos sería tanto un acto de justicia económica como un gesto de reconocimiento a la legitimidad del Estado mexicano frente a redes delictivas transnacionales.
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