La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la Ciudad de México marcó un punto de tensión y definición en la relación bilateral frente al narcotráfico. En una rueda de prensa conjunta con el canciller Juan Ramón de la Fuente, el funcionario estadounidense declaró abiertamente que la estrategia de interceptación de cargamentos de droga “ya no funciona”, y defendió el uso de la fuerza militar directa, como en la reciente destrucción de una embarcación en aguas del Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico.
“En vez de interceptarlo, lo destruimos. Y lo haremos de nuevo”, afirmó Rubio con determinación, añadiendo que la acción tuvo lugar en aguas internacionales cercanas a Venezuela, en el marco de una política más agresiva que la administración de Donald Trump ha impulsado contra grupos calificados como “narcoterroristas”, entre ellos los grandes cárteles mexicanos y organizaciones como el Tren de Aragua o la Mara Salvatrucha.
Aunque Rubio elogió la cooperación con el gobierno mexicano y reconoció el liderazgo de Claudia Sheinbaum —destacando la extradición de 59 delincuentes de alto perfil a Estados Unidos durante su administración—, el contraste entre el tono estadounidense y la posición mexicana no pasó desapercibido.
Desde Palacio Nacional, la presidenta mexicana sostuvo una postura firme: sí a la cooperación, no a la presencia militar extranjera. La mandataria dejó claro que, si bien México comparte los objetivos de combate al narcotráfico, no aceptará injerencia directa ni operaciones militares extranjeras en su territorio. Esta línea fue reiterada tras conocerse que el presidente Trump ha autorizado acciones militares extraterritoriales contra grupos del crimen organizado en América Latina.
“El respeto a la soberanía es innegociable”, han subrayado desde la Cancillería, reafirmando los cuatro principios del marco bilateral acordado en febrero pasado: confianza mutua, responsabilidad compartida, respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.
En este marco, ambos gobiernos anunciaron formalmente la creación de un Grupo de Implementación de Alto Nivel, que se reunirá periódicamente para revisar avances y compromisos en materia de seguridad binacional. El enfoque estará en:
- Desmantelar redes de narcotráfico.
- Frenar el flujo de armas hacia México.
- Combatir el robo de combustible.
- Intensificar los intercambios de inteligencia.
- Atender el tráfico de personas en la frontera compartida.
Rubio enfatizó que, pese a las diferencias tácticas, México es el país que más colabora con Estados Unidos en materia de seguridad, y elogió la voluntad política de la administración Sheinbaum para abordar temas “que antes no se tocaban”.
No obstante, el entorno geopolítico no es menor: la reciente operación militar estadounidense en el Caribe, el despliegue naval frente a las costas venezolanas y la clasificación de los cárteles como amenazas globales por parte de Washington incrementan la presión en la región, reviviendo el fantasma del intervencionismo.
En este contexto, la respuesta de Sheinbaum busca trazar una línea nítida: México no será plataforma para operaciones militares extranjeras, pero sí será un socio estratégico, comprometido y proactivo en la lucha contra el crimen transnacional. La paradoja está planteada: dos gobiernos alineados en objetivos, pero distanciados en métodos.
La visita de Rubio, más que una simple reunión diplomática, ha puesto sobre la mesa las nuevas reglas del juego en el combate binacional contra el narcotráfico. Lo que sigue dependerá de la capacidad de ambas naciones para sostener una cooperación eficaz sin renunciar a los principios que definen su autonomía y visión del orden internacional.
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