Con una inversión inicial de 122 millones de pesos, el gobierno federal presentó este miércoles 17 proyectos estratégicos orientados a fortalecer el acceso y gestión del agua en las regiones con mayor vulnerabilidad hídrica del país. El anuncio fue encabezado por Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien subrayó que estas obras forman parte de una estrategia de largo alcance, diseñada no solo para resolver urgencias actuales, sino para garantizar la seguridad hídrica en las próximas cuatro décadas.
“Se trata de 17 proyectos estratégicos que se encuentran distribuidos en el país, en las zonas donde se tiene una mayor necesidad de agua”, detalló Morales López. Las intervenciones comprenden infraestructura para abasto de agua potable, sistemas de drenaje y saneamiento, así como obras de protección contra inundaciones, todas ellas adaptadas a las condiciones climáticas y sociales de cada región.
El planteamiento técnico se sustenta en diagnósticos territoriales y proyecciones de cambio climático, con el objetivo de prevenir crisis estructurales en zonas donde la presión sobre el recurso es crítica o creciente. Aunque la inversión anunciada puede parecer modesta en relación con la magnitud del reto, desde Conagua se insiste en que estos proyectos representan modelos replicables y escalables, con impacto acumulativo en las redes locales y regionales de gestión hídrica.
La iniciativa coincide con un momento clave en la agenda ambiental del país. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha priorizado la resiliencia hídrica como uno de los ejes transversales de su política territorial, apostando por un enfoque que combine ingeniería, sostenibilidad ambiental y equidad social. En ese sentido, los proyectos presentados buscan revertir décadas de rezago y fragmentación institucional, especialmente en comunidades rurales y periurbanas donde el acceso al agua sigue siendo intermitente o inexistente.
Aunque los detalles técnicos de cada obra aún no han sido difundidos en su totalidad, se anticipa que los estados del norte y centro del país —afectados por sequías recurrentes y sobreexplotación de acuíferos— figuren entre las prioridades. También se prevé la incorporación de tecnologías de eficiencia hídrica, tratamiento avanzado y gestión comunitaria, con acompañamiento institucional.
Más allá del impacto inmediato, la presentación de estos proyectos marca un cambio de enfoque: del manejo reactivo al diseño anticipado de soluciones hídricas. La apuesta no es solo técnica, sino política: garantizar el agua como un derecho y no como un privilegio, y hacerlo a partir de una visión intergeneracional que contemple a quienes hoy no tienen agua y a quienes nacerán en un país más seco.
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