Arturo Medina, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, advirtió que el campo mexicano podría enfrentar su peor crisis en décadas si se aprueba la Ley de Aguas en los términos actuales. El legislador aseguró que los ajustes realizados por el oficialismo no modifican el fondo de la propuesta, y calificó estos cambios como meras sustituciones de palabras que no alteran la intención central de la legislación.
“Lo que han hecho los legisladores del oficialismo es un intento de engaño a los productores de todo el país; siguen impulsando la centralización de las decisiones en materia hídrica, siguen imponiendo trámites burocráticos que restan certidumbre a la transmisión de derechos y continúan criminalizando a los productores”, puntualizó Medina, quien también acusó que el objetivo final de la iniciativa es hacer del agua una herramienta de control político.
El diputado priista afirmó que los agricultores del país “no son tontos”, y señaló que Morena subestima su capacidad de análisis con lo que calificó como una estrategia de simulación. En este contexto, alertó sobre un posible estallido social, derivado de una ley construida sin escuchar a los directamente afectados.
Medina enfatizó que no solo está en juego la estabilidad del sector agrícola, sino también la soberanía alimentaria, la economía nacional y la democracia misma. En ese sentido, hizo un llamado a los diputados de Morena, especialmente a los que representan a Chihuahua, para que voten en contra de la reforma en su versión actual.
“Es hora de que se pongan del lado del pueblo y dejen de votar en automático por lo que les ordenan desde la cúpula política del país”, declaró, recordando que legisladores de diferentes partidos han tenido oportunidad de escuchar a los productores en territorio chihuahuense.
Finalmente, Medina subrayó que no debe haber prisa para aprobar una ley que no responde a la realidad del campo mexicano. “La iniciativa no fue construida desde la base, sino desde una visión burocrática que ignora la situación del campo. Lo responsable es detener su aprobación hasta que verdaderamente se escuche a los productores”, concluyó.
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