El primer año completo de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciado formalmente el 1 de octubre de 2024, estuvo marcado por episodios de extrema violencia que pusieron a prueba su estrategia de seguridad. Entre los casos más representativos de este periodo figuran el hallazgo del rancho Izaguirre, en Jalisco —presunto “campo de exterminio” del narcotráfico— y el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, que generaron un fuerte impacto político y social.
El 8 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reveló la existencia del rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde se hallaron cientos de pares de zapatos, prendas y objetos personales, lo que lo convirtió en un símbolo del horror asociado a la crisis de desapariciones en México, que ya supera las 120 mil personas no localizadas desde la década de 1960. Aunque el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero calificó el sitio como “campo de adiestramiento” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), negó que existieran pruebas de un crematorio clandestino. Sin embargo, la revelación reactivó el debate sobre la capacidad del Estado para responder ante estos escenarios de barbarie.
“Lo grave no es solo lo visible, sino las formas de reclutamiento y violencia extrema que se ejercen en estos espacios”, advirtió Eunice Rendón, especialista en seguridad pública, quien anticipó que este tipo de episodios podrían repetirse durante el sexenio.
El otro hito de 2025 fue el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre tras un evento público con motivo del Día de Muertos en Michoacán. El crimen detonó manifestaciones y protestas, particularmente en Uruapan, donde se registraron enfrentamientos entre civiles y fuerzas del orden. La magnitud del hecho llevó al gobierno federal a lanzar, días después, el “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, que implicó el despliegue de 10,500 elementos de fuerzas de seguridad federales. La región, plagada de grupos como Los Viagras, Los Caballeros Templarios y el CJNG, sigue siendo una de las más conflictivas del país.
En paralelo, otras zonas también vivieron picos de violencia. En Sinaloa, el conflicto entre las facciones del Cártel de Sinaloa —“Los Chapitos” y “Los Mayos”— se agudizó tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, lo que ha dejado más de 2,200 muertos y 2,500 desapariciones desde septiembre de 2024, según el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
En el sur, Chiapas experimentó una escalada de violencia por la disputa entre grupos criminales en la frontera con Guatemala. La presencia del CJNG, el Cártel de Sinaloa y nuevos actores como el autodenominado Cártel de Chiapas y Guatemala ha convertido la región en una zona crítica para delitos como el tráfico de personas, drogas y extorsión. La administración estatal, encabezada por Eduardo Ramírez, ha buscado contener el deterioro con estrategias coordinadas con el gobierno federal, aunque los resultados aún son limitados.
Otros problemas estructurales, como el robo en carreteras y el aumento de la extorsión en algunas regiones, completan el panorama. Frente a este último delito, la presidenta Sheinbaum promovió una nueva legislación como parte de una estrategia más amplia para contener su expansión, cuya efectividad se evaluará en los próximos meses.
A pesar del complejo contexto, el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha sido destacado por su capacidad operativa y por mantener una coordinación estable con el gobierno de Estados Unidos. En un entorno marcado por el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y su ofensiva contra el tráfico de fentanilo —que atribuye a cárteles mexicanos en alianza con proveedores chinos—, la presión diplomática ha sido constante. Para Rendón, esta coyuntura internacional ha resultado “conveniente” para justificar ciertos ajustes en la estrategia de seguridad nacional.
En suma, 2025 dejó al descubierto la magnitud de los desafíos que enfrenta el gobierno de Sheinbaum en materia de seguridad. Si bien ha respondido con despliegues, nuevas leyes y una narrativa institucional de control, la persistencia de focos de violencia extrema, como el caso del rancho Izaguirre y el asesinato de un alcalde en funciones, refleja que el fenómeno criminal sigue teniendo una capacidad de despliegue territorial y simbólico que pone en jaque la gobernabilidad local y nacional.
Te puede interesar
Lo más visto
