La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los ejes centrales de la iniciativa de reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal, una propuesta que busca reducir costos, reforzar la fiscalización y modificar reglas estructurales del sistema político mexicano bajo el argumento de fortalecer la democracia y la transparencia.
En su exposición, la funcionaria confirmó que la Cámara de Diputados conservará sus 500 integrantes, todos electos por votación directa, de los cuales 30 serán elegidos por distrito electoral. Uno de los puntos medulares es la reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones, mediante ajustes presupuestales al Instituto Nacional Electoral, partidos políticos, organismos públicos locales electorales y tribunales, así como la disminución de bonos y percepciones de consejeros.
La iniciativa también plantea una reducción en el número de regidurías, con un tope máximo de 154 posiciones a nivel nacional, lo que implicaría una reconfiguración de los cabildos municipales. En materia de fiscalización, se otorgaría al INE acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y personas vinculadas a campañas, con el propósito de reforzar el control sobre el uso de recursos.
Otro eje relevante es la ampliación del voto en el extranjero para que la población migrante pueda participar en la elección de ocho diputaciones federales. En paralelo, se propone una reducción significativa en los tiempos oficiales de radio y televisión durante periodos electorales, que pasarían de 487 a 35 minutos por emisora, medida que impactaría la exposición mediática de partidos y candidaturas.
La reforma introduce además regulaciones sobre el uso de inteligencia artificial en campañas, prohibiendo la utilización de bots y estableciendo cómputos distritales inmediatos tras la jornada electoral. En el ámbito de la democracia participativa, se contempla ampliar mecanismos a estados y municipios mediante el uso de nuevas tecnologías.
En el plano político, la propuesta reitera la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular y establece que, a partir de 2030, ningún puesto electivo podrá ser objeto de reelección consecutiva.
El planteamiento configura una reforma de amplio alcance que no solo toca el financiamiento electoral, sino también la arquitectura institucional y las reglas de competencia. Su discusión en el Congreso anticipa un debate intenso entre quienes defienden la austeridad como principio rector del sistema y quienes advierten posibles efectos en la autonomía y operatividad de las autoridades electorales.
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