La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, celebró la aprobación de una reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua que reconoce la legítima defensa en casos donde la víctima haya sufrido previamente violencia feminicida, una iniciativa conocida como “Ley Alina”.
El dictamen adiciona un tercer párrafo al artículo 28 del Código Penal estatal, con el objetivo de obligar a autoridades ministeriales y judiciales a analizar los casos bajo una perspectiva de género, especialmente cuando las mujeres enfrentan agresiones que ponen en riesgo su vida.
Durante su intervención en el Pleno, la legisladora recordó el caso de Alina Mariel Narciso Tehuaxtle, quien fue sentenciada en primera instancia a 45 años de prisión tras defenderse de una agresión por parte de su pareja. Años después, el fallo fue revertido por el Tribunal Superior de Justicia de Baja California, que determinó que actuó en legítima defensa.
Pérez Reyes subrayó que este caso evidenció la falta de criterios con enfoque de género en la impartición de justicia, lo que motivó la necesidad de establecer disposiciones claras en la legislación.
“Esta reforma busca que cuando una mujer se defiende de una agresión física, sexual o feminicida, la fiscalía y los jueces deben analizar la legítima defensa y el contexto de violencia de género”, explicó.
La modificación también contempla ajustes a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se define la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género que pone en riesgo la vida de mujeres, adolescentes y niñas.
La diputada advirtió que actualmente existe una fragmentación en la legislación penal, tanto a nivel estatal como federal, lo que dificulta la aplicación uniforme de protocolos con perspectiva de género y, en algunos casos, deriva en decisiones judiciales que revictimizan a las mujeres.
Con esta reforma, se busca establecer criterios más claros para la valoración de pruebas en situaciones de legítima defensa, garantizando que los casos sean analizados bajo estándares que reconozcan el contexto de violencia estructural que enfrentan las víctimas.
El avance legislativo representa un intento por fortalecer el marco jurídico en materia de derechos de las mujeres y evitar que quienes actúan en defensa propia sean tratadas como responsables penales en contextos de violencia extrema.
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