César Jáuregui presentó su renuncia irrevocable como titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, asumiendo responsabilidad política por las omisiones en el manejo de información sobre la presencia de agentes estadounidenses en el operativo del 19 de abril en el municipio de Morelos. En conferencia de prensa, reconoció que los datos que compartió inicialmente con la opinión pública "eran inconsistentes y ameritaban una investigación para conocer en detalle su participación."
En su carta de renuncia, Jáuregui admitió que "hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional" respecto a los puntos de contacto con los extranjeros fallecidos, y que esa omisión "vulneró los mecanismos de control y comunicación" que tenía la obligación de garantizar como titular de la Fiscalía. El exfuncionario subrayó que su salida busca permitir que las investigaciones se desarrollen "con autonomía, prontitud y exhaustividad", y restablecer la confianza pública en la institución.
La renuncia llega horas después de que la Unidad Especializada creada por el gobierno estatal publicara un informe que precisó que la inclusión de los extranjeros en el convoy no fue reportada a los mandos superiores, y que su participación se mantuvo limitada al director de la Agencia Estatal de Investigación y su círculo inmediato. Ese documento acotó la responsabilidad institucional antes de que Jáuregui asumiera la propia.
El caso acumula presión desde múltiples frentes: la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que los estados no pueden establecer acuerdos de seguridad directamente con gobiernos extranjeros, la FGR ya lleva las investigaciones, y diputados del PT han solicitado juicio político contra la gobernadora Maru Campos. Jáuregui, al renunciar, intentó separar el escándalo del resultado operativo: "Estos hechos han eclipsado un logro de la mayor relevancia: la destrucción de uno de los laboratorios de drogas más grandes en la historia del país."
La renuncia de Jáuregui cierra el primer ciclo político del caso, pero no lo resuelve. El exfiscal asumió la responsabilidad del manejo de información, sin tocar quién autorizó la presencia de los agentes ni bajo qué acuerdo operaban. Esas preguntas siguen abiertas y son las que la FGR deberá responder, con Chihuahua ya sin su principal operador jurídico al frente.
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