La presidenta Claudia Sheinbaum fijó este jueves la postura formal de su gobierno ante las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En un comunicado leído desde Palacio Nacional, estableció tres principios que guiarán su respuesta: verdad, justicia y defensa de la soberanía. La FGR investigará si las acusaciones tienen sustento conforme a la legislación mexicana y, de encontrar elementos de un delito, procederá bajo jurisdicción propia. Si no los encuentra, dijo Sheinbaum, "es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político."
La mandataria reveló una irregularidad en el proceso diplomático: la noche del 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió diez documentos solicitando detención provisional con fines de extradición para los mismos ciudadanos. Al día siguiente, la SRE turnó la información a la FGR para su evaluación. Sin embargo, al mediodía del miércoles, el Departamento de Justicia hizo pública la acusación antes de que México concluyera ese proceso, lo que generó un extrañamiento jurídico formal de la Cancillería, ya que estos procedimientos son confidenciales conforme a los tratados en la materia.
La FGR, a través de su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizará la documentación e iniciará una investigación paralela para determinar si existen datos de prueba que sustenten una orden de aprehensión bajo la legislación mexicana. Sheinbaum fue enfática en que su gobierno no protege a nadie, pero tampoco actuará sin pruebas contundentes. "Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México", subrayó.
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