La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, señaló este lunes que Estados Unidos violó la confidencialidad establecida en los tratados internacionales al hacer pública la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, antes de que México concluyera la evaluación diplomática del caso. "Los procesos de extradición deben ser entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera confidencial para preservar el debido proceso y la presunción de inocencia", explicó Alcalde, citando el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La divulgación prematura, dijo, provocó "un linchamiento mediático" que pudo sesgar a las autoridades y contaminar pruebas.
Alcalde también precisó que Estados Unidos no aportó elementos que justifiquen la urgencia de la solicitud de detención provisional, figura que requiere demostrar riesgo de obstaculización del proceso. Sin esa acreditación, México solicitó a Washington que complemente la documentación antes de poder presentarla ante un juez de control, quien será la autoridad competente para determinar si procede la detención. "No lo va a determinar la Fiscalía, no lo va a determinar la SRE, lo determinaría el juez si se mandaran estos elementos probatorios", subrayó.
La consejera reiteró que el proceso seguirá los cauces legales establecidos en la legislación mexicana y los tratados bilaterales, y que la presunción de inocencia de los diez acusados debe respetarse mientras no existan pruebas contundentes validadas por autoridad judicial competente.
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