Maru Campos pensó que Sinaloa le había dado respiro. Con Rubén Rocha Moya pidiendo licencia y el gobierno federal apagando ese incendio, el caso de los agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara había bajado del radar nacional. La gobernadora lo leyó como una apertura y salió a picar: "A uno se le habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a nuestras niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada. Vámonos enterando de quién es quién."
Ariadna Montiel, tres días en el cargo como presidenta nacional de Morena, le contestó desde Ciudad de México sin rodeos: "La gobernadora Maru Campos Galván miente. La investigación en Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio. El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria. Usted debe ser juzgada."
Hay que leer eso con calma. La presidenta nacional de Morena acusó de traición a la patria, en sus primeros días de gestión, a la única gobernadora de oposición del país. Eso no es un intercambio de declaraciones — es una declaración de guerra política con destinatario muy específico y fecha de vencimiento clara: la elección de gobernador en Chihuahua en 2027.
Chihuahua es la pieza que Morena no tiene y que más le duele no tener. Un estado fronterizo, con peso económico, con historia de alternancia, y con una gobernadora de oposición que lleva semanas en el centro de una investigación federal por seguridad nacional. Para Montiel, recién llegada a la dirigencia con la misión explícita de ganar al menos 14 de las 17 gubernaturas en disputa el año que viene, Chihuahua no es un objetivo más — es el símbolo. Y el caso CIA es la palanca.
Lo que cambió esta semana es que el ataque ya no viene del Senado ni de la FGR. Viene de la dirigencia del partido, en voz propia, con nombre y apellido. Eso tiene un significado distinto: Morena ya no está administrando el caso Chihuahua como un problema de soberanía. Lo está convirtiendo en campaña.
Campos, mientras tanto, confirmó que la FGR le giró un requerimiento y que lo atenderá "en los términos que se deben contestar." Ni una palabra más. Es la postura de alguien que sabe que hablar de más solo alimenta el expediente — propio o político. Pero el dato ya está sobre la mesa: la gobernadora tiene un requerimiento federal encima en un caso donde 50 agentes de su gobierno están citados a declarar y donde la Fiscalía Especial de Casos Complejos lleva la investigación.
Desde varios frentes le están pidiendo que haga lo que hizo Rocha Moya: pedir licencia mientras se aclara el caso. Campos no lo hará. Hacerlo sería validar la comparación con Sinaloa, y eso políticamente no tiene regreso. Pero resistir tiene un costo que sube cada semana que la FGR avanza.
El cruce con Montiel cerró cualquier duda sobre hacia dónde va esto. El caso de los agentes de la CIA en la sierra chihuahuense empezó como una crisis de coordinación entre gobiernos. Se convirtió en un problema de soberanía nacional. Y ahora es, también, el primer movimiento de la campaña por la gubernatura de Chihuahua en 2027.
Te puede interesar
Lo más visto
