El subsecretario del sistema penitenciario de Chihuahua, Ricardo Fernández Acosta, es socio y presidente del Consejo de Gerentes de Grupo Especial Mamba Negra, empresa de seguridad privada sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su vinculación con el Cártel de Sinaloa, según una investigación de El Universal. El funcionario, general de división en retiro, asumió ese rol en febrero de 2022 cuando otro socio le cedió su participación mediante cesión onerosa, quedando registrado con el 19% del capital social según el último documento disponible en el Registro Público de Comercio.
Según las autoridades estadounidenses, la empresa es controlada por Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de una persona identificada como presunto líder de una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. La socia con quien compartió la empresa, Liliana Orozco Romero, también fue sancionada por la OFAC como parte de esa misma red. Fernández ofreció respuestas contradictorias: dijo que lo estafaron, que no recuerda los detalles y que intentó darse de baja sin lograrlo porque se requería la presencia de todos los socios. Aseguró desconocer los vínculos de la empresa con el crimen organizado y no conocer a Liliana Orozco Romero.
El caso se complica con sus declaraciones patrimoniales: Fernández no reportó Grupo Mamba Negra ni otras cuatro empresas en las que figura como socio en el Registro Público de Comercio. En su declaración de 2025 reportó ingresos de 372 millones de pesos, de los cuales 190 millones los atribuyó a su cargo público — cifra que después calificó como "un error de la secretaria", asegurando que el monto correcto es de aproximadamente 1.9 millones de pesos.
Te puede interesar
Lo más visto
