La denuncia del INE ante la FGR abarca la elección judicial 2024-2025 y el contrato de la credencial por hasta 61.7 millones de dólares; cita cinco posibles delitos

La denuncia que el INE interpondrá en las próximas horas ante la FGR se refiere a posibles ilícitos en los contratos del periodo 2024-2025, la elección judicial organizada durante la gestión de Guadalupe Taddei, y en el contrato de producción de la credencial para votar. Ese contrato se entregó el 10 de diciembre al grupo integrado por Cosmocolor, Icard Solutions y Talleres Gráficos de México, por hasta 61.7 millones de dólares, unos 1,173 millones de pesos al tipo de cambio de entonces. El texto del documento dice que comprende “de manera destacada” las contrataciones de materiales para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025 y la producción de la credencial para 2026-2031.

Plantea cinco hipótesis delictivas del Código Penal Federal: uso ilícito de atribuciones y facultades (artículo 217), ejercicio abusivo de funciones (220), tráfico de influencia (221), peculado (223) y enriquecimiento ilícito (224). Aclara que citarlos “no implica afirmar que las conductas denunciadas actualicen necesariamente todos o alguno de esos delitos”, sino identificar las hipótesis que deberán examinarse, y que corresponde al Ministerio Público clasificar los hechos, identificar a los responsables y ejercer la acción penal. El documento aún puede tener modificaciones menores de las consejerías.

El INE pide a la FGR considerar los videos divulgados desde hace dos semanas, sobre todo ir a la fuente original de la filtración, pues podrían ser “un dato de prueba relevante”. Solicita obtener la versión íntegra y original, determinar fecha, lugar y circunstancias de obtención, hacer peritajes de autenticidad e integridad, identificar a todas las personas que aparecen, analizar las conversaciones y referencias económicas, contrastarlas con contratos, pagos y operaciones, y verificar si las cantidades corresponden a operaciones reales. Sostiene que la relevancia penal no deriva solo de irregularidades en los procesos o de observaciones de las instancias fiscalizadoras, sino de la posibilidad de que se hicieran “deliberadamente para favorecer a particulares”. La consejera presidenta provisional confirmó que la denuncia sale en cuanto se integren las observaciones de los equipos jurídicos.