Comunidades rarámuri acusan ante la CIDH que Barrancas del Cobre las dejó sin consulta ni beneficios; el Estado niega violaciones

Representantes de las comunidades rarámuri de Huitosachi, Mogótavo y Bacijípare, en Chihuahua, acudieron a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reiterar su denuncia por las afectaciones del proyecto turístico Barrancas del Cobre en su territorio, entre ellas la contaminación de ríos y arroyos. Dijeron que desde su inicio, en 1997, no fueron consultados y que hasta hoy no se han beneficiado: carecen de servicios básicos como agua potable eficiente, faltan escuelas y son pocas las personas empleadas en el proyecto.

Sostuvieron que la principal infraestructura se construyó sobre superficies despojadas y colindantes. Carmen Herrera, asesora, señaló que el Parque de Aventura lo administra el gobierno de Chihuahua y que se desconoce el destino de las ganancias. Recordó que en 2012 la Suprema Corte ordenó crear un plan de desarrollo regional acordado con las comunidades y que aún no existe. El Consejo Consultivo, creado a raíz de esa resolución, ha sesionado 51 veces, pero solo desde la sesión 18, en 2016, los representantes comunitarios tuvieron intérpretes, y las decisiones las toman gobierno y empresarios.

La representación del Estado mexicano negó que haya violación a los derechos de las comunidades, entre ellos el de consulta, y dijo que impulsa un proceso de diálogo para identificar sus necesidades mediante el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara. Aldo Medina, de la Coordinación General de Derechos Indígenas, afirmó que en ese marco se han concretado actos de restitución y reconocimiento de propiedad comunal tradicional. Enrique Toledo, subsecretario de Turismo de Chihuahua, dijo que el Consejo Consultivo es un espacio de participación y que desde 2023 se han analizado alternativas para ubicar la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, sin acuerdo hasta ahora.

Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la OEA, aclaró que la comparecencia no busca desconocer las preocupaciones de las comunidades ni sostener que las acciones de los últimos años eliminen por sí mismas las controversias históricas. Admitió que la situación ambiental debe seguir evaluándose y que las medidas sobre agua deben producir resultados verificables.