Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de Martín Adolfo Santos Pérez, quien ocupa el cargo de juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa. Esto ocurre después de que el mencionado juez le ordenara abstenerse de emitir comentarios dirigidos a Xóchitl Gálvez, una aspirante presidencial de oposición.

Durante la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, López Obrador acusó al juez de actuar con sectarismo, ilegalidad, injusticia y motivaciones políticas. Además, el presidente reveló que recibió una carta del juez en cuestión. López Obrador manifestó su intención de responder por escrito al juez, exponiendo sus desacuerdos y subrayando las acciones del juez que considera sectarias, ilegales e injustas.

En relación al proceso de denuncia, López Obrador expresó su intención de redactar un documento formal para enviar tanto al juez como al Consejo de la Judicatura. También mencionó su intención de hacer pública dicha carta, argumentando que la transparencia es esencial en la vida pública. El presidente subrayó que esta denuncia se basaría en los antecedentes del juez y en su comportamiento, que considera perjudicial y motivado por intereses políticos.

López Obrador criticó a la Judicatura por no tomar medidas ante situaciones similares en el pasado y resaltó la necesidad de que los jueces actúen de manera imparcial y justa. También destacó el elevado salario de los jueces y lamentó la percepción de que algunos de ellos actúan en favor de la delincuencia organizada o de "cuello blanco".

El contexto que motivó esta denuncia es la suspensión provisional otorgada por un juez federal a Xóchitl Gálvez Ruiz, quien busca la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México. Dicha suspensión ordena a López Obrador y a otros funcionarios federales evitar hacer comentarios "maliciosos" hacia Gálvez. El juez Martín Adolfo Santos Pérez, responsable de esta decisión, fundamentó su fallo en la protección del derecho al honor, dignidad y vida privada de la aspirante presidencial ante la difusión de información gubernamental que debería ser confidencial. Además, el juez ordenó eliminar contenidos que se refieran a Gálvez de las plataformas gubernamentales y evitar discursos de odio en su contra.