La Cámara de Diputados de México discutirá y votará esta semana la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), lo que ha llevado a más de 600 trabajadores de este poder a buscar ampararse para evitar la cancelación de estos recursos, los cuales ascienden a 15,000 millones de pesos.

El abogado de la firma Trusan & Roma Abogados, Rodolfo Martínez, explicó que trabajadores del PJF, tanto jubilados como en activo, se acercaron al despacho la semana pasada para solicitar sus servicios, ya que consideran que esta reforma afecta sus derechos laborales.

Martínez señaló que una vez que entre en vigor esta modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, será procedente la presentación de demandas de amparo indirecto debido a la afectación a derechos adquiridos.

El litigante comentó: "Estamos preparados para atenderlos en cuanto sea aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión este dictamen. Además, este dictamen es inconstitucional porque no fue aprobado en la comisión que correspondía, sino que lo pusieron en la Comisión de Presupuesto, cuando debería haber estado en la Comisión de Justicia".

Estas demandas de amparo buscarán suspender los efectos de la reforma para que los trabajadores del PJF puedan continuar adquiriendo sus prestaciones, como servicios médicos y créditos para vivienda.

Martínez explicó que los recursos que concentran estos 13 fideicomisos no se destinan a lujos de ministros, como se ha afirmado, sino que se utilizan para proporcionar prestaciones al personal operativo del Poder Judicial, como secretarias o personas que realizan tareas administrativas.

Asimismo, enfatizó que al eliminar los fideicomisos, los más de 15,000 millones de pesos se transferirían a la Tesorería de la Federación, donde serían utilizados según lo determine el Gobierno federal.

La reforma que elimina los fideicomisos del PJF fue presentada por Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, argumentando que estos recursos se utilizaban para costear lujos de los ministros. Sin embargo, la decisión se enmarca en un contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a jueces por sus decisiones judiciales.