La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que impugnará la modificación de la medida cautelar otorgada a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, y presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. Esta decisión se debe a supuestas irregularidades por parte del juez que dictó el fallo que permitió el cambio de la medida cautelar.

La FGR emitió un comunicado en el que indicó que el juez de Distrito, José Rivas González, notificó la realización de una audiencia de revisión de medidas cautelares a Murillo Karam y otorgó menos de dos horas y media para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Según la Fiscalía, se presentaron 10 imputaciones directas, 69 testimonios, 29 dictámenes periciales, 65 pruebas documentales y más de 100 videograbaciones y pruebas demostrativas, además de un análisis de riesgo procesal elaborado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI).

La FGR buscó demostrar la gravedad de los delitos por los que se acusa al exprocurador, así como el impacto de este caso, que podría verse afectado por una decisión que cuestiona la magnitud de los delitos señalados.

Adicionalmente, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a las víctimas y sus padres en este caso, respaldó la solicitud de la FGR de no modificar la medida cautelar de Jesús Murillo Karam. Consideraron que los delitos por los que se acusa al exprocurador, relacionados con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, son de los más violentos y brutales en contra de víctimas indefensas que se hayan conocido en México en los últimos años.

La FGR argumentó que, a pesar de los datos presentados y del apoyo del Ministerio Público y las víctimas, y en ausencia de una causa grave de enfermedad que requiriera una atención médica urgente para el procesado, el juez determinó el cambio de medidas cautelares.

Jesús Murillo Karam enfrenta cargos por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia, todos relacionados con el caso Ayotzinapa. La FGR busca una condena de 82 años de prisión y una multa de un millón 792 mil 400 pesos.

Ante estas circunstancias, la Fiscalía General de la República impugnará la resolución en la segunda instancia y presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por las irregularidades detectadas, en lo que respecta a los aspectos administrativos aplicables.