En el primer minuto del 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) dieron inicio a un paro indefinido de labores, en rechazo a la propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este paro comenzó en instalaciones clave como el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, con la expectativa de que más entidades se sumen en las próximas horas.

Durante el paro, las sedes judiciales permanecerán cerradas, con atención limitada a asuntos urgentes. Los manifestantes en San Lázaro corearon consignas como "¡Todos Somos Uno! ¡Uno Somos Todos!" en señal de unidad y protesta.

El Estado de México, Coahuila y Nuevo León fueron algunas de las entidades que también se unieron a la suspensión de actividades. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) había convocado a esta acción tras una votación realizada el 21 de agosto.

En la convocatoria, Jufed detalló que la suspensión continuará hasta que se cumplan sus peticiones, y solo se levantará con la aprobación de las Mesas Directivas Nacional y Regionales de la asociación.

Por su parte, el presidente López Obrador minimizó el impacto del paro en su conferencia matutina, señalando que los jueces, magistrados y ministros que participaron en la huelga estaban en su derecho de hacerlo. Sin embargo, destacó que algunos expertos cuestionan la legalidad de dicha acción.

El paro surge en un contexto de profunda oposición a la reforma constitucional que el Congreso votará en septiembre, la cual busca, entre otras cosas, la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Los trabajadores del PJF han advertido que esta medida podría poner en riesgo la carrera judicial y abrir la puerta a presiones de grupos de poder, incluso ilegales.