El Congreso de México ha declarado constitucional la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea la elección de jueces mediante el voto popular. Esta declaración se dio luego de la aprobación en ambas cámaras legislativas y el respaldo de 23 legislaturas locales de los 32 estados del país. Solo falta la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.

El anuncio de la declaratoria de constitucionalidad se hizo primero en el Senado y poco después en la Cámara de Diputados, en ambas ocasiones con el apoyo de las supermayorías oficialistas.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró: “A efecto de dar cumplimiento al artículo 135 constitucional (…) y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia del Poder Judicial”.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, expresó la misma postura.

A pesar de la declaratoria, la oposición se ausentó de ambos actos, en desacuerdo con la reforma que consideran un retroceso para la democracia, la independencia judicial y el equilibrio de poderes. Los partidos opositores PAN, PRI y Movimiento Ciudadano calificaron el acto como un "atraco a la nación" y una "fiesta exclusiva del oficialismo".

Paralelamente, trabajadores del Poder Judicial y al menos 1,200 jueces en todo el país han intentado frenar esta reforma mediante recursos judiciales a nivel nacional e internacional.

Organismos como las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y entidades empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC) han advertido sobre las posibles repercusiones de esta reforma. Además, calificadoras como Fitch y Moody’s y el Gobierno de Estados Unidos han señalado posibles implicaciones para México, incluidos paneles y arbitrajes bajo el T-MEC.

Un juez en Colima ordenó la suspensión de la promulgación de la reforma en el DOF, a pesar de que López Obrador anunció su oficialización para el 15 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Independencia. Sin embargo, la senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica en el gobierno de Claudia Sheinbaum, argumentó que el amparo es improcedente al tratarse de una reforma constitucional, por lo que no impide su publicación.

Hasta la fecha, las legislaturas de los estados que han aprobado la reforma incluyen a Baja California, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México, entre otros. Por su parte, los congresos locales de Jalisco y Querétaro la han rechazado.

Una vez completada la declaratoria de constitucionalidad, se remitirá al presidente López Obrador para su publicación oficial y posterior entrada en vigor.