El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua presentó una iniciativa para reformar el Poder Judicial, alineándose con la reciente reforma federal y buscando garantizar una justicia más transparente, eficiente y cercana a la ciudadanía.

El coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, anunció que la propuesta establece que, a partir de 2025, jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular, libre, directo y secreto. Para ello, se contempla un proceso de selección con requisitos estrictos, como contar con licenciatura en Derecho, promedios académicos destacados y experiencia comprobable en la materia jurídica.

La iniciativa también propone la creación de dos entidades clave para fortalecer el sistema judicial:

Órgano de Administración Judicial: Responsable de la gestión interna del Poder Judicial.
Tribunal de Disciplina Judicial: Encargado de funciones de vigilancia y control disciplinario, reemplazando al actual Consejo de la Judicatura.

Estas estructuras buscan garantizar mayor independencia y transparencia en el funcionamiento del sistema judicial.

Como parte de la reforma, se prevé un Proceso Electoral Extraordinario en 2025 para renovar los cargos judiciales. Este proceso será organizado por el Instituto Estatal Electoral bajo principios de imparcialidad, paridad de género y transparencia, utilizando la insaculación pública para definir candidaturas.

Chávez enfatizó que esta propuesta no solo cumple con la disposición constitucional de armonizar la legislación local con la federal, sino que también responde a una necesidad local de modernizar el sistema judicial.

“Es un esfuerzo por transformar el Poder Judicial en un sistema transparente, eficiente y legítimo, digno de la confianza ciudadana. Esta medida refuerza nuestra autonomía legislativa y demuestra nuestra voluntad de acercar la justicia a la sociedad”, afirmó el legislador.

La propuesta será discutida en el Congreso local, con el objetivo de consolidar un sistema judicial que fortalezca la confianza de los ciudadanos y garantice procesos democráticos en la impartición de justicia.