El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este lunes que únicamente “difundió” pero no promocionó la criptomoneda $LIBRA y rechazó cualquier responsabilidad sobre los inversionistas afectados tras el colapso del activo digital. En una entrevista con el canal TN, el mandatario calificó a los damnificados como “operadores de volatilidad” que sabían los riesgos de su inversión.

“Yo no tengo nada que ocultar. (…) Yo no lo promocioné, lo difundí”, afirmó Milei, quien el pasado viernes publicó en su cuenta en la red X un mensaje en el que daba visibilidad al proyecto ‘Viva la Libertad Project’, una iniciativa que, según él, buscaba financiar a emprendedores en Argentina.

El criptoactivo se disparó en valor tras la publicación del presidente, pero su precio colapsó luego de que un grupo de inversionistas que acaparaba la mayoría de las tenencias vendiera a precios elevados. Frente a la polémica, Milei optó por eliminar su publicación inicial “ante la duda” tras observar críticas en redes sociales.

Aunque el Gobierno argentino señaló que el proyecto estaba ligado a la empresa KIP Protocol, liderada por el singapurense Julian Peh, Milei sostuvo que la propuesta le fue presentada por el estadounidense Hayden Mark Davis, titular de Kelsier Ventures. Según el presidente, Davis le planteó crear un esquema para financiar a emprendedores sin acceso a crédito, lo que consideró una “herramienta interesante” para difundir.

El mandatario también minimizó el impacto del colapso de $LIBRA al negar que fueran 44 mil los inversionistas afectados y asegurar que “en el mejor de los casos” fueron alrededor de 5 mil, con pocas probabilidades de ser argentinos. “Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol”, afirmó.

Milei insistió en que actuó “de buena fe” y que no cometió ningún error, aunque reconoció que debe establecer filtros más estrictos para evitar situaciones similares. “Me dieron un cachetazo”, admitió, al tiempo que aseguró que no obtuvo beneficios económicos de la operación.

Mientras tanto, el escándalo ha generado una oleada de denuncias en la Justicia, y un grupo de legisladores opositores impulsa un juicio político contra el presidente, además de exigir la creación de una comisión investigadora en el Parlamento.