Con el propósito de fortalecer la seguridad y promover un entorno formativo sano en los planteles educativos de Chihuahua, la diputada Nancy Frías, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Escolar y la Ley Estatal de Educación. La propuesta busca establecer mecanismos obligatorios para la detección de casos de violencia familiar y prohibir contenidos que promuevan la apología del crimen en las escuelas.

La iniciativa gira en torno a dos ejes fundamentales: por un lado, la implementación obligatoria de protocolos en todos los niveles educativos para identificar y canalizar casos de violencia familiar detectados dentro de los entornos escolares; por otro, la prohibición expresa del uso de música, audiovisuales o cualquier contenido que fomente la violencia o normalice conductas delictivas en las aulas.

“El entorno escolar debe ser un espacio seguro y formativo, libre de mensajes que dañen el desarrollo de nuestros estudiantes”, sostuvo Frías al presentar la propuesta ante el Congreso del Estado. La legisladora advirtió sobre el riesgo de que la violencia que se vive en los hogares o la que se glorifica en algunos contenidos culturales penetre los espacios educativos, afectando directamente el bienestar emocional y el proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en 2021 se iniciaron 12 mil 968 carpetas de investigación por violencia familiar en Chihuahua, mientras que de enero a octubre de 2022 se contabilizaron 10 mil 645 casos. A nivel estatal, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) reveló que el 11.6 % de las mujeres mayores de 15 años ha vivido violencia familiar en el último año, lo que evidencia la magnitud del problema y su impacto en los entornos más inmediatos.

La diputada subrayó que las reformas no buscan sustituir las acciones existentes, sino ampliarlas y hacerlas obligatorias, dotando a las escuelas de herramientas normativas y operativas para actuar de manera oportuna. “Tenemos que actuar desde la raíz y desde la escuela, para romper el ciclo de la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes en todo el estado”, concluyó.

De ser aprobada, la propuesta marcaría un paso importante en la consolidación de una política pública que aborde la seguridad escolar desde un enfoque preventivo y con perspectiva integral, articulando la función educativa con la protección de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia.