La aprobación de la Comisión Especial en el Congreso de Chihuahua para atender la crítica situación del relleno sanitario de la capital ha encendido las alertas en el círculo cercano del alcalde Marco Bonilla, quien enfrenta no solo una crisis ambiental y de salud pública, sino un complejo entramado político y jurídico que amenaza con empañar sus aspiraciones rumbo a 2027.

Lo que inició como una de sus principales promesas de campaña en 2021 —la construcción de un Nuevo Relleno Sanitario Metropolitano—, terminó por desmoronarse entre irregularidades en la compra de terrenos, cuestionamientos a estudios ambientales avalados por la UACH y una serie de decisiones administrativas que han derivado en acusaciones de mala gestión y posibles actos de corrupción.

En 2022, Bonilla firmó un crédito por 132 millones de pesos con Scotiabank para financiar el nuevo relleno, un proyecto que debía dar servicio a Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán por más de 50 años. Sin embargo, la elección del predio en Mápula, adquirido sin licitación pública y en medio de advertencias técnicas sobre riesgos ambientales y de infraestructura, detonó una ola de amparos promovidos por vecinos y defensores del medio ambiente. La presión jurídica y social obligó al alcalde a cancelar el proyecto.

Lejos de rectificar, Bonilla solicitó al Congreso la reorientación del crédito, destinando los recursos a la ampliación del actual relleno sanitario, ubicado junto al fraccionamiento Romanzza, mediante la construcción de una nueva celda con una inversión de 36 millones de pesos. Esta medida fue vista como una solución temporal, incapaz de responder a la saturación del sitio, que ya registra un 96% de ocupación, y al creciente riesgo sanitario para los habitantes del sur de la ciudad.

La situación se agravó con la reciente creación de la Comisión Especial en el Congreso, impulsada por Morena, que promete una revisión a fondo de las condiciones del relleno y de las decisiones tomadas por la administración municipal. La ausencia de dos diputados panistas clave en la votación —Carla Rivas y Alfredo Chávez, este último uno de los principales aliados de Bonilla— facilitó la aprobación, dejando en evidencia fracturas internas y descoordinación en el bloque que respalda al edil.

Mientras tanto, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, designado como responsable jurídico y vocero del tema, ha desatendido el caso al enfocarse en su propia campaña para el Poder Judicial, dejando a la administración sin un liderazgo claro frente a esta crisis.

El escenario político para Bonilla se complica: incumplió su promesa de campaña, enfrenta cuestionamientos por el manejo opaco de recursos públicos y ahora deberá lidiar con una investigación legislativa que podría revelar inconsistencias mayores en la gestión del relleno sanitario.

Lo que parecía un problema técnico se ha transformado en un símbolo de la ineficiencia administrativa y de la falta de visión a largo plazo en la gestión ambiental de la capital. Con la mira puesta en 2027, el alcalde carga ahora con un expediente que amenaza con convertirse en su mayor obstáculo político, en un contexto donde la ciudadanía y el Congreso exigen respuestas concretas, mientras los riesgos sanitarios continúan creciendo día a día.