Monte Xenit desata crisis política en el Ayuntamiento: colapso institucional, señalamientos cruzados y silencio ante la corrupción

Las tensiones al interior del Palacio Municipal de Chihuahua han alcanzado un punto crítico. El caso del fraccionamiento Monte Xenit, convertido en símbolo del llamado “cártel inmobiliario”, ha expuesto una red de presuntas complicidades entre desarrolladores, autoridades municipales y funcionarios encargados de otorgar permisos, que durante años habrían permitido construcciones irregulares en zonas protegidas y sin cumplir los mínimos estándares de calidad.

A pesar del creciente escándalo, el gobierno municipal encabezado por Marco Bonilla Mendoza emitió apenas un escueto informe a través del secretario del Ayuntamiento, en el que se limitó a señalar que iniciarán estudios técnicos en Monte Xenit. Lo que no se dijo es más revelador: hasta el momento, ningún funcionario ha sido separado del cargo, ni se han anunciado procedimientos administrativos o penales contra quienes facilitaron la urbanización de este fraccionamiento sin permisos adecuados.

La narrativa oficial apunta a que los recursos públicos que hoy se destinan para asistir a las familias afectadas serán recuperados en el futuro, una apuesta jurídica sin precedentes y sin base legal clara, que ha sido duramente cuestionada por especialistas y miembros de la oposición. La estrategia parece orientarse más a contener daños que a asumir responsabilidades, en un intento por desactivar la creciente indignación ciudadana.

El deslinde del alcalde Bonilla hacia su antecesora —la hoy gobernadora Maru Campos Galván— ha tensado profundamente la relación política entre ambos. La acusación implícita de que las irregularidades fueron heredadas encendió las alarmas en Palacio de Gobierno, provocando un enfriamiento evidente entre dos figuras que hasta hace poco presumían cercanía y respaldo mutuo.

Mientras tanto, la emergencia continúa. A pocas horas del plazo límite para el desalojo preventivo en Monte Xenit, solo dos de las 32 familias en riesgo han abandonado sus viviendas, en un ambiente de desconfianza hacia las autoridades y con protestas intermitentes por parte de los vecinos. A esto se suma la indignación de habitantes de otras colonias afectadas por las lluvias recientes, como El Porvenir y Praderas del Sur, que reclaman un trato equitativo ante la desatención gubernamental.

El problema no es exclusivo de un fraccionamiento ni de un grupo de familias: apunta a un modelo de desarrollo urbano donde la flexibilización de la ley, la opacidad en los permisos y la complicidad institucional se convirtieron en regla. Las omisiones del Órgano Interno de Control, el silencio de la sindicatura municipal y la falta de una reacción contundente por parte del Cabildo, solo abonan a la percepción de impunidad.

La presión sobre el edil crece no solo desde los sectores sociales, sino también desde el empresariado y sus antiguos aliados políticos. En el horizonte se vislumbra un deterioro acelerado de su imagen, lo que compromete sus aspiraciones rumbo a la gubernatura. Entre acusaciones de encubrimiento, favoritismo y opacidad, las decisiones erráticas de las últimas semanas están marcando un punto de inflexión en su administración.

La opacidad ante las exigencias de transparencia y la ausencia de consecuencias políticas o legales para los responsables directos proyectan un mensaje peligroso: que las redes de corrupción pueden operar con total impunidad, mientras las víctimas —la ciudadanía— deben conformarse con paliativos y promesas. Y en ese abismo, se inscriben las horas más oscuras del gobierno municipal.