La reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Sierra Tarahumara, donde encabezó la ceremonia oficial de firma de los Decretos de Reconocimiento de Propiedad Comunal Territorial para pueblos indígenas, dejó un mensaje político inequívoco: el marcado distanciamiento entre el gobierno federal y la administración estatal de Chihuahua, así como la evidencia palpable del abandono histórico de la región serrana por parte del gobierno local.

La ausencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván no solo fue notoria, sino interpretada como un acto de desdén institucional. Pese a versiones iniciales que sugerían una falta de invitación, fuentes federales confirmaron que sí hubo convocatoria oficial, desacreditando cualquier lectura de descortesía por parte del Ejecutivo nacional. Más aún, desde Palacio Nacional se filtró que la visita de Sheinbaum fue cuidadosamente calendarizada para dejar constancia de una ausencia previsible y, sobre todo, significativa.

Según fuentes consultadas, Campos Galván se encontraba fuera del estado cuando recibió la confirmación de la visita presidencial, un patrón recurrente en su gestión. La respuesta oficial de su equipo, publicada horas después del evento, fue escueta y tardía, alegando un “problema logístico” como motivo de la inasistencia. El comunicado intentó minimizar el impacto político, reafirmando una supuesta alianza con el gobierno federal, pero sin disipar el malestar por lo que en los hechos se vivió como un desplante.

En la ceremonia en Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, tampoco estuvieron presentes figuras centrales del gabinete estatal: el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, y el fiscal general, César Jáuregui, se encontraban en Ciudad Juárez; el secretario de Seguridad, Gilberto Loya, estaba de vacaciones. Solo un representante de bajo perfil, Enrique Rascón, encargado de comunidades indígenas, acudió en nombre del gobierno de Chihuahua, en un gesto que fue interpretado como mínimo e insuficiente.

El episodio se inserta en una narrativa más amplia que denuncia el distanciamiento de la gobernadora respecto a la Sierra Tarahumara. De acuerdo con datos de la propia agenda oficial, Campos ha visitado apenas 11 de los 23 municipios serranos durante casi cuatro años de gestión. A esto se suman más de 60 días en el extranjero durante el mismo periodo, viajes que la mandataria ha justificado como “misiones comerciales” pero que no se han traducido en resultados económicos tangibles: Chihuahua perdió empleo formal por primera vez en 15 años y registró una caída del 25 % en inversión extranjera directa en 2024.

La falta de obras estructurales, el aumento de la violencia, el desplazamiento forzado de comunidades y las muertes infantiles por desnutrición y abandono sanitario completan un diagnóstico alarmante sobre la situación en la región serrana. La retórica de apoyo a la Tarahumara contrasta con la realidad documentada por organizaciones sociales y medios locales.

Finalmente, el gesto político de Sheinbaum al visitar la región no fue casual. Fuentes cercanas al Ejecutivo federal sugieren que, conocedores del creciente escrutinio internacional sobre ciertos actores políticos mexicanos, la presidenta decidió visibilizar no solo la agenda indígena, sino también a quienes han fallado en responder a esa deuda histórica. En un escenario donde la presión externa se entrelaza con necesidades internas de renovación política, Campos Galván podría convertirse en una pieza prescindible para la narrativa de limpieza institucional que la Cuarta Transformación podría necesitar.

La visita a la Sierra dejó, así, más que una firma de decretos: fue una demostración de fuerza simbólica, una denuncia implícita del abandono local y un recordatorio del poder de la presencia política donde otros, sistemáticamente, han optado por la ausencia.