La denuncia pública del senador Juan Carlos Loera de la Rosa sobre la sobreexplotación crítica de acuíferos en Chihuahua, acompañada por un contundente informe técnico entregado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha desencadenado una serie de revelaciones que sacuden al ecosistema político estatal. El epicentro del escándalo: el supuesto vínculo entre funcionarios de administraciones pasadas, pozos irregulares, obras hidráulicas clandestinas y un aparato de acaparamiento de agua que habría operado con respaldo político.

El caso estalló tras la confirmación del titular de Conagua, Efraín Morales, de que el exgobernador César Duarte construyó una presa ilegal dentro de su propiedad, con capacidad de retención de 700 mil metros cúbicos, en una entidad que atraviesa por una sequía extrema. La estructura fue parcialmente demolida el lunes, antes de que una jueza federal concediera una suspensión provisional que congeló las acciones de Conagua. La rapidez del fallo judicial, solicitada por el entorno Duarte, ha sido interpretada en círculos federales como un síntoma de protección a redes de poder aún activas en la entidad.

Pero más allá del litigio hidráulico, el caso arrastra implicaciones de orden político. La figura de Brenda Ríos, actual diputada local por Morena y hasta hace poco considerada como una de las candidatas naturales para contender por la alcaldía de Chihuahua en 2027, ha quedado severamente expuesta. Loera la acusa de haber autorizado, durante su paso por Conagua, permisos irregulares para pozos a nombre de prestanombres de César Duarte. Su esposo, Álex LeBaron, también aparece señalado en el informe por haber expedido en un solo día —el 20 de agosto de 2013— 125 constancias de aprovechamiento de agua en favor de una sola empresa vinculada al exmandatario.

Las acusaciones desmantelan, al menos temporalmente, la narrativa de renovación y combate a la corrupción que Ríos había promovido al interior de Morena. Su ascenso reciente en el “jet set” político de la izquierda local, alimentado por campañas contra el gobierno municipal panista y por su cercanía con sectores progresistas, se tambalea bajo el peso de las evidencias acumuladas por el equipo de Loera. En Morena, el pasado ligado al régimen de Enrique Peña Nieto y a figuras como Duarte constituye un lastre difícil de disimular.

El contexto nacional no es ajeno. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso con el combate al uso indebido del agua, tema que abordó directamente el pasado 18 de mayo en la Sierra Tarahumara, en conversación con el propio senador chihuahuense. El respaldo presidencial a esta causa fortalece políticamente a Loera, al tiempo que obliga a Morena a redefinir internamente sus cuadros y candidaturas con base en un escrutinio cada vez más severo.

La implosión del proyecto político de Ríos, de confirmarse, abre un vacío estratégico dentro del partido en Chihuahua. Al mismo tiempo, marca el regreso de Juan Carlos Loera a la agenda local y abre la puerta a actores como Miguel Riggs, Marco Quezada o Miguel La Torre a buscar la candidatura por la alcaldía.

Más allá de las presas ilegales y las constancias de aprovechamiento, el caso plantea una pregunta ineludible: ¿hasta dónde está dispuesta Morena a romper con el pasado que prometió erradicar? Porque lo que está en juego no es sólo el agua de Chihuahua, sino la coherencia interna de un movimiento que se presenta como alternativa al régimen que, irónicamente, aún permea muchas de sus estructuras locales.