El Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua resolvió negar de manera definitiva el amparo solicitado por el exgobernador César Duarte, lo que permite a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) proceder con la demolición de las presas y represas construidas de manera ilegal en su propiedad conocida como “El Saucito”. Esta decisión judicial constituye un revés clave para el exmandatario estatal y refuerza la acción institucional a favor del derecho humano al agua.

Las estructuras hidráulicas, levantadas sin autorización en el rancho de Duarte, desviaban el cauce del arroyo El Saucito, afectando la ruta natural del agua hacia el río Agujas, el Conchos y, en última instancia, el río Bravo. El desvío fue calificado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito como una alteración al orden público y al interés social, en tanto que impedía una gestión adecuada del recurso hídrico nacional.

La suspensión provisional que Duarte había obtenido fue revocada por el Tribunal el pasado 6 de junio, al considerar válidos los argumentos de la Conagua. En su resolución, se destacó que el exgobernador no contaba con título de concesión para el uso de aguas nacionales, y que tampoco el municipio tenía facultades para autorizar tales construcciones.

De acuerdo con el titular de la Conagua, Efraín Morales, en el rancho se identificaron una presa y cinco represas construidas con el objetivo de acaparar agua de manera ilícita. Morales señaló que estas obras son un ejemplo del uso del poder político para obtener beneficios privados, una práctica que —afirmó— fue recurrente durante el periodo neoliberal.

La demolición de estas estructuras, subraya la Conagua, permitirá restituir el cauce natural del agua y representa una acción decidida en defensa del patrimonio ambiental y los derechos colectivos. El organismo federal ya ha presentado pruebas documentales y denuncias formales para respaldar sus acciones, con la intención de sentar un precedente en la lucha contra el uso indebido de recursos hídricos.

Además de su relevancia técnica y jurídica, el fallo del tribunal refuerza un mensaje político: el Estado no tolerará más abusos en la apropiación de recursos naturales, aun cuando provengan de figuras con alto perfil político. La resolución se inscribe en un contexto de revisión crítica del pasado reciente, en el que el poder público fue frecuentemente utilizado para fines personales bajo una lógica patrimonialista.

Con la ejecución de esta medida, se restablece no sólo el orden ecológico en la región, sino también un principio de equidad: el agua, como bien nacional, debe estar disponible para todas y todos bajo criterios de legalidad, sostenibilidad y justicia social.