Con el objetivo de garantizar transparencia en el uso de recursos públicos, el Congreso del Estado de Chihuahua instaló formalmente la Subcomisión encargada de revisar y vigilar la aplicación del crédito autorizado al Ayuntamiento de la capital, por un monto de hasta 570 millones de pesos. Esta instancia, que trabajará bajo un formato similar al de mesas técnicas, estará encabezada por el diputado Jorge Soto Prieto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública.
Durante la sesión de instalación, en la que también participaron los legisladores Arturo Medina y Brenda Ríos, se detalló que la subcomisión se enfocará en tres proyectos de infraestructura prioritaria: la construcción de pasos superiores en las intersecciones de la Carretera Aldama con Avenida Fuerza Aérea y de la Vialidad Los Nogales con Avenida de las Industrias, así como la edificación de una gaza de incorporación del Boulevard Teófilo Borunda al Periférico de la Juventud.
El diputado Soto presentó una ruta de acompañamiento dividida en tres etapas: contratación del crédito, proceso de licitación y adjudicación de obra, y seguimiento puntual a la ejecución de los proyectos. Subrayó que el propósito es que cada fase del proceso se realice “con total apertura y claridad, de cara a la ciudadanía y con base en criterios técnicos y financieros”.
Según el calendario proporcionado por el Ayuntamiento, el Comité Especial de Crédito recibirá las ofertas de instituciones financieras el próximo 28 de julio. El fallo sobre la entidad seleccionada está previsto para el 1 de agosto, mientras que la firma del contrato se contempla, de forma tentativa, para el 15 de agosto.
La Subcomisión legislativa mantendrá coordinación directa con la Tesorería Municipal y permitirá la participación de diputadas y diputados en las diferentes etapas del proceso, conforme a su interés y disponibilidad. La intención, insistió Soto, es fortalecer la confianza pública mediante una supervisión técnica rigurosa que asegure el uso eficiente y responsable de los fondos.
La instalación de esta subcomisión marca un precedente relevante en materia de fiscalización legislativa, al abrir un espacio institucional para el seguimiento continuo de proyectos financiados con deuda pública, en un contexto en el que la rendición de cuentas se vuelve condición indispensable para la gobernanza democrática.
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