Audios revelan colapso institucional y negligencia en caso Monte Xenit; crece la presión sobre Marco Bonilla

La crisis habitacional que afecta a 32 familias del fraccionamiento Monte Xenit en la ciudad de Chihuahua, obligadas a desalojar sus viviendas por riesgo estructural, ha escalado hacia un nuevo capítulo de escándalo político y exhibición de negligencias acumuladas. La situación, derivada del colapso de un muro perimetral construido sin permisos y con graves deficiencias técnicas, ha expuesto una red de complicidades entre funcionarios municipales y desarrolladores inmobiliarios, lo que los vecinos han calificado sin reservas como un "cártel inmobiliario" operando con total impunidad.

A pesar de la gravedad del desalojo forzoso y del daño patrimonial irreversible, el alcalde Marco Bonilla optó por no asistir a la reunión convocada para dialogar con los afectados. En su lugar, envió personal sin facultades de decisión, provocando el enojo y la desconfianza de los vecinos. Durante ese encuentro, se difundieron grabaciones realizadas en una reunión anterior sostenida directamente con el edil, en las que se escucha a la directora de Desarrollo Urbano y Ecología, Adriana Díaz Negrete, reconocer que el muro colapsado no contaba con autorización alguna, además de aceptar que varias obras se realizaron con documentación incompleta.

En los audios, el propio Bonilla admite haber despedido a un subdirector de su administración (2021-2024) por corrupción, aunque sin detallar las consecuencias administrativas o legales que se hayan derivado. Más aún, intenta deslindarse de la responsabilidad atribuyendo el inicio del proyecto a la administración anterior encabezada por la hoy gobernadora Maru Campos, lo que refuerza la narrativa de un distanciamiento creciente entre el actual gobierno municipal y Palacio de Gobierno.

El caso Monte Xenit ha dejado de ser un conflicto técnico o administrativo para convertirse en un símbolo del deterioro institucional y de la captura del aparato urbano por intereses privados. La diputada Brenda Ríos ya había advertido desde hace meses sobre la existencia de permisos otorgados de forma irregular y la ausencia de supervisión efectiva, en un ecosistema donde la prioridad parece ser la protección de los desarrolladores por encima de la seguridad de las familias.

A pesar de que el alcalde ha anunciado posibles acciones legales contra la empresa responsable, el hecho de que durante un año no se haya intervenido con medidas preventivas, aun después de la primera caída parcial del muro en 2023, evidencia una omisión que hoy deriva en crisis social, jurídica y política. El ofrecimiento del municipio de pagar mudanzas y rentas temporales no logra revertir el daño, ni contiene la percepción pública de que se trató de una catástrofe evitable y agravada por la inacción oficial.

El escándalo amenaza con convertirse en un punto de quiebre para la administración de Bonilla, ya señalada por la falta de planeación, la opacidad en los permisos de desarrollo urbano y la permisividad con la expansión desordenada de fraccionamientos. Monte Xenit, con sus bardas caídas, casas evacuadas y grabaciones comprometedoras, se erige como una advertencia del costo político de ignorar el interés público en favor de pactos oscuros con el capital inmobiliario.