El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó su ofensiva por el control de la capital del país al anunciar que su gobierno asumirá directamente la gestión de la estación central de trenes de Washington, conocida como Union Station, uno de los puntos neurálgicos del transporte y la vida pública en la ciudad. La medida forma parte de su estrategia para “recuperar el orden” y combatir lo que su administración califica como una creciente crisis de criminalidad.
Durante la presentación de nuevos trenes de alta velocidad en las instalaciones de la emblemática estación, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que el Departamento de Transporte retomará el control total de Union Station, hasta ahora administrada por la empresa privada Union Redevelopment en colaboración con Amtrak. El objetivo, dijo, es convertirla en “la estación más importante del mundo”.
“Vamos a realizar inversiones para asegurarnos de que esta estación no esté sucia y que no haya personas sin hogar. Ha estado descuidada durante décadas y eso se nota. Hoy damos un paso firme para recuperar este espacio”, afirmó Duffy.
El movimiento, aunque revestido de mejoras urbanas y de infraestructura, ha sido interpretado como parte de la escalada de control que el gobierno federal está ejerciendo sobre la ciudad de Washington D.C., a la que el propio Trump ha calificado repetidamente como un “foco de crimen”.
Desde el pasado 11 de agosto, el mandatario ha asumido competencias de seguridad en la capital, bajo el argumento de una “emergencia” por altos niveles de criminalidad. A raíz de esta declaración, el Ejecutivo desplegó a más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional —incluyendo fuerzas enviadas por estados gobernados por republicanos— y ha intensificado la presencia militar en puntos estratégicos como Union Station.
Las operaciones se han complementado con agentes federales del FBI, la DEA, el ICE y la Policía Metropolitana. Según cifras reveladas por la fiscal general Pam Bondi, ya se han registrado 1,178 arrestos y el decomiso de 123 armas ilegales en lo que va del operativo.
Sin embargo, esta política de “mano dura” ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y defensores de migrantes, quienes denuncian que la estrategia es utilizada para detener a personas indocumentadas bajo el pretexto de la lucha contra el crimen. Activistas acusan al gobierno de aplicar tácticas de represión y persecución que vulneran derechos fundamentales.
Pese a ello, la Casa Blanca insiste en que estas acciones son necesarias para “recuperar el control” de una ciudad que, según Trump, ha sido “abandonada por sus autoridades locales”.
La decisión de centralizar la gestión de Union Station se suma a una serie de medidas que amplían el poder del gobierno federal sobre la capital y reafirman el estilo autoritario que Trump ha asumido en su segundo mandato, con un discurso de ley y orden como eje central de su narrativa política.
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