El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó este miércoles por la noche a Quito, capital de Ecuador, como parte de su gira regional destinada a fortalecer los lazos estratégicos en materia de seguridad, migración y cooperación bilateral. Su visita —la primera a territorio ecuatoriano desde que asumiera el cargo— refleja el posicionamiento del gobierno de Daniel Noboa como uno de los aliados más consistentes de la administración de Donald Trump en América Latina.
El encuentro entre Rubio y Noboa está programado para este jueves a las 09:00 en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, en un contexto marcado por la creciente violencia criminal en el país andino, que cerró el primer semestre del año con 4.619 homicidios, la cifra más alta en su historia reciente.
En declaraciones previas, el ministro del Interior, John Reimberg, adelantó que la visita tiene como objetivo consolidar nuevos acuerdos de seguridad, en momentos en que Ecuador atraviesa un conflicto armado interno declarado oficialmente contra las bandas criminales, las cuales han sido reclasificadas como organizaciones terroristas por decreto presidencial. Esta narrativa converge con la política exterior de Washington, que también ha catalogado a grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles como amenazas globales.
La agenda de Rubio en Ecuador no solo confirma la sintonía política entre Quito y Washington, sino que se inscribe en una estrategia regional más amplia. Estados Unidos ha desplegado más de 4.000 marines y armamento estratégico en el Caribe, en lo que se presenta como una ofensiva directa contra el narcotráfico, pero que ha despertado acusaciones de provocación militar por parte del gobierno venezolano. En ese marco, Ecuador ha adoptado posturas firmes: no solo ha apoyado esta campaña, sino que fue uno de los primeros países en reconocer la victoria del opositor Edmundo González Urrutia en Venezuela, alineándose de facto con el intento de aislar al régimen de Nicolás Maduro.
Además de los temas de seguridad, la cooperación en migración será otro punto crucial del diálogo. La canciller Gabriela Sommerfeld reveló que Washington ha propuesto un convenio para que Ecuador reciba hasta 300 personas refugiadas al año, bajo un esquema humanitario limitado, sin antecedentes penales ni condiciones médicas de riesgo. Aunque lejano al modelo de externalización de cárceles como en El Salvador, este programa apunta a consolidar nuevas formas de corresponsabilidad migratoria.
En el plano comercial, las discusiones giran en torno a la reducción del 15 % de aranceles aún vigentes desde la era Trump, en un contexto en que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Ecuador, a pesar del creciente acercamiento económico del país sudamericano con China.
Uno de los temas más delicados será el debate nacional en torno a la posibilidad de eliminar la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras en el país, introducida en 2008 por el expresidente Rafael Correa. Una consulta popular —prevista para diciembre— podría modificar este precepto, lo que abriría una nueva etapa en la relación de defensa entre Quito y Washington, tras más de 15 años de restricciones. Aunque Rubio no ha abordado el tema públicamente, su visita en este momento específico sugiere un interés estratégico estadounidense en esa eventual apertura.
Rubio, quien viene de un encuentro crucial con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, llega a Ecuador no solo como diplomático, sino como emisario de una política exterior más definida: una América Latina funcional a los intereses de seguridad de EE.UU., basada en alianzas selectivas, acción militar puntual y cooperación operacional intensiva. La pregunta de fondo no es si Ecuador consolidará su papel como socio privilegiado, sino hasta qué punto estará dispuesto a adaptar su marco constitucional y soberano a esa lógica hemisférica.
La rueda de prensa programada con Gabriela Sommerfeld será clave para entender el alcance y los límites del nuevo eje Quito-Washington. Por ahora, el mensaje es claro: en la lucha regional contra el crimen organizado, Ecuador se alinea sin ambigüedades del lado de la potencia del norte.
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