El diputado local Jorge Soto advirtió que el reciente incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas azucaradas representa una carga fiscal injusta que golpea directamente a las familias con menores recursos, bajo un discurso sanitario que, en su opinión, carece de sustento real.
En declaraciones contundentes, el legislador panista calificó la medida como una estrategia recaudatoria disfrazada de política de salud pública, señalando que en muchas comunidades del país —particularmente en zonas alejadas o marginadas— el consumo de refrescos no obedece a una preferencia, sino a una necesidad derivada de la falta de acceso al agua potable.
“No se trata de un tema de elección, sino de condiciones de desigualdad. En esas zonas el agua escasea o es de mala calidad, y la población termina pagando más por una botella de refresco que por un litro de agua”, expresó, al destacar que esta política fiscal no toma en cuenta el contexto en el que viven millones de mexicanos.
Soto cuestionó la coherencia del discurso oficial al recordar que, aunque el Gobierno federal anunció un acuerdo con la industria para reducir el contenido calórico de las bebidas —con una disminución del 30% en las presentaciones grandes de Coca-Cola, por ejemplo—, la decisión de mantener una carga fiscal elevada contradice cualquier intención genuina de cuidado a la salud. “Si de verdad se tratara de cuidar la salud, el Gobierno invertiría esos recursos en plantas tratadoras, sistemas de agua potable o campañas nutricionales en comunidades marginadas”, señaló.
El impuesto, que llega hasta los 3.08 pesos por litro en bebidas calóricas y 1.5 pesos por litro en sus versiones light o zero, tendrá efectos visibles en el precio final para los consumidores, especialmente en tiendas de barrio o zonas rurales, donde este tipo de productos son parte del consumo diario.
“Esto no es más que una medida regresiva, que castiga el consumo básico de los más pobres. Es un impuesto para cubrir su incompetencia fiscal. Morena tiene un boquete financiero y lo quiere tapar con el bolsillo de quienes menos tienen”, sostuvo.
La crítica se enmarca en un debate más amplio sobre el uso de los impuestos indirectos como herramienta de política pública y el equilibrio entre sus objetivos declarados —como mejorar la salud— y sus efectos reales sobre los sectores más vulnerables. Para Soto, el problema no es el impuesto en sí, sino la ausencia de una estrategia integral que atienda las causas estructurales del consumo de bebidas azucaradas en México.
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