

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó de forma tajante retomar una estrategia de “guerra contra el narcotráfico” como la implementada en sexenios pasados, y reiteró que su gobierno no optará por políticas de fuerza desproporcionada ni militarización masiva del territorio nacional. Durante su conferencia matutina del 4 de noviembre, la mandataria reafirmó el carácter humanista de su administración y subrayó que su visión de seguridad parte del respeto a los derechos humanos, la justicia social y la reconstrucción del tejido comunitario.
“Nosotros jamás vamos a tener esa estrategia”, afirmó, en referencia directa al modelo impulsado por el expresidente Felipe Calderón, al que acusó de haber otorgado un “permiso para matar” al Estado bajo el discurso de la mano dura. Sheinbaum contrastó esa postura con el enfoque de su gobierno, que busca fortalecer las capacidades civiles, promover el desarrollo en comunidades vulnerables y resolver las causas estructurales de la violencia.
La presidenta recordó que desde el inicio de su mandato se ha comprometido con una política de seguridad distinta, y anunció que su administración ya ha comenzado a reforzar la estrategia en estados como Michoacán, donde recientemente fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Si bien reconoció que la situación en algunas regiones requiere atención inmediata, rechazó que la respuesta sea replicar esquemas fallidos del pasado que —dijo— solo agravaron la crisis de violencia en el país.
El planteamiento de Sheinbaum busca marcar una diferencia clara con los ciclos de militarización y confrontación directa con los cárteles que caracterizaron administraciones anteriores. En lugar de ello, su propuesta apunta a una política de seguridad integral, con participación comunitaria, trabajo de inteligencia, fortalecimiento de las fiscalías y programas sociales como herramienta para contener el reclutamiento criminal y restaurar el orden local.
La declaración ocurre en un momento de tensión nacional e internacional, tras el asesinato de líderes políticos locales y reportes que indican que el gobierno de Estados Unidos estaría considerando operaciones encubiertas contra cárteles en territorio mexicano. En este contexto, la postura de la presidenta busca reafirmar los límites de su estrategia: ni guerra, ni permisividad, sino una vía intermedia que privilegie la legalidad, la prevención y el respeto a la dignidad humana.
La firmeza del discurso presidencial busca enviar un mensaje tanto hacia el interior del país como hacia actores externos: México no regresará al modelo de confrontación sin control que marcó uno de los periodos más sangrientos de su historia reciente. En su lugar, la apuesta es por una seguridad construida desde abajo, con justicia social como fundamento de una paz sostenible.












