En sesión del Congreso del Estado de Chihuahua, el diputado Arturo Zubía presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión que no apruebe la iniciativa presidencial que propone modificar la Ley Nacional de Aguas. El legislador advirtió que los cambios contemplados en la reforma afectarían gravemente a productores agrícolas y ganaderos al modificar el esquema actual de concesiones, justo en un contexto de severa sequía, pérdida de productividad y vulnerabilidad en el sector agropecuario.
De acuerdo con Zubía, la propuesta busca centralizar el control de las concesiones en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), eliminar el régimen de transmisiones, transformar el actual Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional, establecer nuevas causales para cancelar permisos y permitir la revisión de títulos vigentes. Consideró que estas modificaciones, lejos de corregir deficiencias, añadirán incertidumbre jurídica y administrativa a miles de productores que hoy sostienen la producción de alimentos en regiones altamente dependientes del recurso hídrico.
El legislador subrayó que el uso del agua en Chihuahua es fundamental para mantener las actividades productivas en un entorno marcado por condiciones climáticas extremas. Sostuvo que la reforma propuesta podría desencadenar una pérdida de derechos adquiridos y debilitar aún más a un sector que ya enfrenta problemáticas graves como la baja en niveles de presas, la suspensión de ciclos agrícolas, la aparición de plagas como el gusano barrenador y la creciente competencia derivada de la importación masiva de carne.
Zubía planteó que si existen irregularidades en el otorgamiento o uso de concesiones, deben ser investigadas y sancionadas, pero no debe castigarse con reformas generalizadas a quienes trabajan de forma legítima. Hizo un llamado a que se garantice certidumbre para los productores y a que las decisiones legislativas se sustenten en análisis técnicos rigurosos, no en criterios discrecionales. Señaló que antes de avanzar en modificaciones legales, es indispensable atender los problemas estructurales del campo mexicano y evaluar con seriedad el impacto regional de cualquier reforma.
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