El exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, permanecerá en prisión preventiva justificada luego de su primera audiencia ante una jueza federal en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Tras más de 15 horas de audiencia, la jueza María Jazmín Ambriz López resolvió imponer la medida cautelar, al considerar que existen elementos que justifican la posibilidad de una fuga o entorpecimiento de la investigación, debido a la falta de documentación actualizada que acreditara su residencia.
La defensa de Duarte solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta este sábado cuando se determine si es vinculado formalmente a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación robusta contra el exmandatario, en la que lo señala de encabezar un esquema de lavado de dinero por al menos 73 millones 926 mil pesos, parte de un desvío mayor que asciende a 96.7 millones de pesos.
De acuerdo con la FGR, entre junio de 2011 y noviembre de 2014, cuando Duarte era gobernador de Chihuahua, se desviaron recursos desde la Secretaría de Hacienda estatal hacia dos empresas en las que el priista era socio mayoritario: Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera División del Norte SOFOM. Posteriormente, los fondos fueron blanqueados en el sistema financiero mediante ocho operaciones, documentadas con más de 120 pruebas presentadas por el Ministerio Público, incluyendo peritajes, actas constitutivas y comprobantes bancarios.
La Fiscalía también señaló que otras empresas del círculo cercano al exgobernador recibieron recursos, como Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral, en las que Bertha Olga Gómez Fong, esposa de Duarte, figura como socia mayoritaria y representante legal. En la lista de beneficiadas también aparecen Acala, Pavimentos y Servicios de Parral y Valles Baca Hermanos.
La orden de aprehensión federal había sido emitida desde mayo de 2024, pero su ejecución fue posible gracias a una nueva autorización concedida por el gobierno de Estados Unidos el pasado 4 de diciembre, la cual permitió juzgarlo por un delito distinto al de peculado y asociación delictuosa, por los que ya había sido extraditado en junio de 2022. La captura se realizó el pasado lunes en Chihuahua capital, y su traslado al Altiplano fue llevado a cabo por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.
Cabe recordar que Duarte había sido arrestado originalmente en julio de 2020 en Miami, Florida. Posteriormente, tras su extradición, enfrentó un proceso penal en el fuero común en Chihuahua, del cual logró obtener una medida cautelar menos restrictiva en junio de 2024 que le permitió recuperar su libertad mediante el uso de un brazalete electrónico. Durante ese periodo, reapareció en eventos públicos y buscó reposicionarse como víctima de persecución política, respaldado incluso por una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Sin embargo, con el cambio en la titularidad de la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy, primero como encargada de despacho y luego como fiscal general propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, el caso de Duarte fue reactivado con fuerza, culminando en su nueva detención y traslado a un penal federal.
La audiencia del sábado será clave para definir si el exgobernador enfrentará un nuevo proceso penal desde prisión por lavado de dinero, abriendo así una nueva etapa judicial que podría marcar un giro definitivo en uno de los casos más emblemáticos de presunta corrupción política en México.
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