

El Departamento de Justicia de Estados Unidos modificó la acusación federal contra el presidente venezolano capturado, Nicolás Maduro, reduciendo significativamente las referencias al llamado Cártel de los Soles, organización que previamente era central en los señalamientos por narcotráfico contra el mandatario. En la nueva imputación presentada tras su captura en Caracas, el gobierno estadounidense deja de caracterizar a Maduro como líder de un cártel estructurado y en su lugar lo vincula con un sistema de corrupción clientelar sostenido por el narcotráfico.
El documento actualizado, presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, reconfigura el enfoque previo del caso. Mientras la acusación original de 2020 repetía decenas de veces el término “Cártel de los Soles” y lo describía como una red criminal internacional bajo control del mandatario venezolano y altos mandos militares, el texto revisado menciona a este grupo apenas dos veces y lo describe como una referencia simbólica al entramado de corrupción que permea las élites venezolanas.
Según la nueva narrativa jurídica, Maduro no dirige una organización criminal per se, sino que participa en una cultura de enriquecimiento ilícito mediante protección a redes de tráfico de drogas a cambio de lealtades políticas, en un esquema de clientelismo estructurado que ha beneficiado a funcionarios de alto rango. A pesar de ello, se mantienen los cargos centrales por narcoterrorismo y posesión de armas automáticas.
La decisión de la Fiscalía marca un giro en la argumentación judicial respecto al papel de Maduro dentro del tráfico internacional de drogas. Esto contrasta con el discurso político del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha insistido en que la operación militar en Venezuela responde al objetivo de “descabezar” al Cartel de los Soles, al que Washington designó formalmente como organización terrorista extranjera en 2025.
En su primera comparecencia ante el tribunal federal de Nueva York este lunes, Nicolás Maduro se declaró no culpable de los cargos presentados en su contra y afirmó que es “un prisionero de guerra”. Su defensa legal, encabezada por el abogado Barry Pollack, optó por no solicitar fianza por el momento.
Mientras tanto, el cambio en la narrativa legal estadounidense ha generado reacciones mixtas. Mientras gobiernos aliados de Washington como Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú respaldaron la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista, sectores políticos y analistas en Venezuela han reiterado que esta organización es un “constructo político” sin estructura criminal comprobada, surgido de denuncias aisladas en 2004. El gobierno de Caracas y su aliado Cuba han denunciado la acusación como un “invento” con fines de intervención.
La evolución del caso contra Maduro ante los tribunales estadounidenses podría redefinir tanto la estrategia judicial como el discurso político de Estados Unidos hacia Venezuela en el marco de la operación de transición impuesta tras la caída del régimen chavista.












