En una jornada marcada por la tensión política y diplomática, el chavismo dio un giro en su historia al juramentar este lunes a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar ejecutada por Estados Unidos. La ceremonia, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la nueva mandataria, tuvo lugar en la sede del Parlamento y fue transmitida por el canal estatal VTV.
Rodríguez se convirtió así en la primera mujer en la historia del país en asumir el liderazgo del Ejecutivo. Durante su discurso, la dirigente chavista condenó la intervención militar extranjera, calificando a Maduro y Flores como “rehenes” del gobierno estadounidense, y prometió no descansar hasta recuperar la paz nacional. En su primer mensaje, expresó que el país vive horas de amenaza y dolor tras la agresión militar que golpeó a Caracas y otras regiones, y afirmó que garantizará la estabilidad desde el poder.
Desde el sábado, cuando Maduro fue capturado, Rodríguez ha emergido como figura central del oficialismo. Además de convertirse en interlocutora con Washington, el domingo encabezó su primer consejo de ministros y ordenó la conformación de una comisión de alto nivel para gestionar la liberación del mandatario y su esposa. Esta comisión está integrada por Jorge Rodríguez, el canciller Yván Gil, y miembros cercanos a la familia presidencial.
La nueva presidenta encargada también lanzó una propuesta pública de “agenda de cooperación” con el gobierno de Estados Unidos. En respuesta, el presidente Donald Trump declaró que Rodríguez está “cooperando” y reiteró que su administración tiene el control de Venezuela mientras se define una transición. Trump señaló además que no se celebrarán elecciones en el país hasta que se recupere la “salud institucional”, al tiempo que afirmó que si Rodríguez “no hace lo correcto”, enfrentará un destino peor que el de Maduro.
Mientras tanto, el presidente capturado compareció este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y tenencia de armas de guerra. Su defensa no solicitó libertad bajo fianza.
En el ámbito internacional, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, exigió la liberación de Maduro y denunció ante el Consejo de Seguridad la violación de la soberanía venezolana por parte de Estados Unidos. Pidió a los países miembros condenar el uso de la fuerza, proteger a la población civil y reafirmar el derecho internacional.
En paralelo, la Asamblea Nacional inició su nuevo período legislativo 2026-2031 bajo control oficialista, mientras la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) —coalición que respalda a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia— calificó de ilegítima la instalación del Parlamento, al considerar que las elecciones de mayo de 2025 carecieron de condiciones democráticas. El bloque reiteró que la salida a la crisis debe pasar por una transición constitucional que garantice la autonomía de poderes y la celebración de elecciones libres.
La PUD insiste en que González Urrutia es el presidente legítimo del país tras asegurar que ganó las elecciones presidenciales de 2024. Según la oposición, el Consejo Nacional Electoral —bajo control del chavismo— nunca publicó los resultados completos y proclamó a Maduro sin transparencia, mientras ellos divulgaron el 80 % de las actas que, afirman, respaldan su victoria.
En medio de esta disputa por el poder, un grupo de diputados opositores encabezado por Henrique Capriles se distanció de la PUD y asumió cargos en la nueva Asamblea, desde donde exigieron el fin de la persecución a la disidencia y llamaron a la construcción de una institucionalidad pacífica y democrática.
Venezuela vive así un momento decisivo. La juramentación de Delcy Rodríguez, la captura de Maduro y la fractura opositora abren una nueva etapa en la política nacional con repercusiones regionales e internacionales. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos insiste en que su operación busca garantizar justicia y facilitar una transición controlada hacia lo que considera una nueva Venezuela.
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