La dimensión de los abusos atribuidos al financiero estadounidense Jeffrey Epstein ha escalado a un nuevo nivel de gravedad en el ámbito internacional. Nueve relatores y expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron que los hechos documentados en los archivos recientemente divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos podrían alcanzar la categoría jurídica de crímenes de lesa humanidad, debido a su carácter sistemático, su alcance transnacional y la magnitud de las atrocidades cometidas contra mujeres y niñas.
En un comunicado conjunto, los especialistas señalaron que los documentos difundidos el 30 de enero “sugieren la existencia de una empresa criminal global” y revelan implicaciones alarmantes en torno al nivel de impunidad que habría rodeado estos hechos durante años. A su juicio, los archivos contienen referencias a posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como feminicidio, configurando un patrón que trasciende conductas aisladas para situarse en una lógica estructural de explotación.
Los firmantes subrayaron que estos presuntos crímenes se habrían cometido en un contexto marcado por creencias supremacistas, racismo, corrupción y una misoginia extrema que redujo a mujeres y niñas a mercancía, despojándolas de su dignidad y derechos fundamentales. Ante este panorama, exhortaron a todos los tribunales nacionales e internacionales competentes a examinar la posible persecución penal de los responsables y demandaron una investigación independiente e imparcial que permita esclarecer cómo tales conductas pudieron sostenerse durante un periodo tan prolongado.
El pronunciamiento también incluyó una crítica severa a la forma en que se han divulgado los archivos, al considerar que existieron fallos graves en la protección de información sensible relacionada con las víctimas. La exposición de datos personales, advirtieron, incrementa el riesgo de represalias, estigmatización y revictimización, además de abrir la puerta a nuevas formas de manipulación y presión.
Entre los expertos firmantes se encuentran la relatora especial sobre la violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem; la relatora sobre el derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères; y la relatora sobre libertad de reunión y asociación, Gina Romero, junto con otros especialistas en derechos humanos. En su mensaje, reiteraron un principio que trasciende el caso específico: ningún poder económico o político puede situarse por encima de la ley cuando se trata de violaciones graves a la dignidad humana.
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