La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentó el proyecto de Ley General contra el feminicidio, una iniciativa que busca homologar a nivel nacional los criterios de prevención, investigación y sanción de este delito, con el objetivo de reducir la impunidad y fortalecer la respuesta institucional.
La propuesta, que será enviada al Senado, plantea establecer penas de entre 40 y 70 años de prisión, así como la incorporación de 21 agravantes y la unificación de los protocolos de investigación en todas las entidades del país.
Godoy subrayó que el feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos que requiere una respuesta estructural por parte del Estado.
“El feminicidio es un hecho social que requiere la maximización de las acciones de las instituciones… se requiere una reforma constitucional para expedir una ley general en prevención y sanción”, señaló.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la homologación del tipo penal en todo el país, reconociendo nueve razones de género, entre ellas signos de violencia sexual, relaciones de poder, subordinación y estereotipos de género, lo que permitiría evitar discrepancias entre legislaciones estatales que actualmente pueden derivar en impunidad.
La fiscal explicó que actualmente cada entidad federativa cuenta con sus propios criterios y agravantes, lo que complica la correcta clasificación del delito y su persecución. Por ello, la iniciativa busca que todas las fiscalías investiguen bajo los mismos estándares, incluyendo peritajes y actuación policial.
Otro de los puntos relevantes es que, desde el inicio de las investigaciones por feminicidio, se contemple el aseguramiento de bienes del presunto agresor, con el fin de garantizar la reparación del daño a las víctimas indirectas, no solo en términos económicos, sino también en atención psicológica y apoyo a familiares.
La iniciativa se presenta en un contexto donde la violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad y justicia, y plantea avanzar hacia un modelo nacional más uniforme, con criterios claros que permitan una persecución más efectiva del delito.
