El accidente que la madrugada del domingo 20 de abril cobró la vida de dos agentes de la Embajada de Estados Unidos —identificados por The Washington Post como miembros de la CIA— y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), derivó en una crisis política que rebasa la tragedia misma. El incidente ocurrió cuando un convoy de cinco vehículos que regresaba de un operativo contra narcolaboratorios en el municipio de Morelos se desbarrancó en las cercanías de Polanco, en la Sierra Tarahumara.
El fiscal César Jáuregui Moreno sostuvo que los agentes estadounidenses no participaron en el operativo, sino que realizaban una capacitación en manejo de drones en la zona y se sumaron a la caravana de retorno por coincidencia geográfica. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum contradijo públicamente esa versión: "Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente", declaró en su conferencia del martes 22. Agregó que el fiscal "cambió su declaración" y que la federación investiga si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional.
La coordinación operativa con autoridades extranjeras sin aval federal vulnera al menos cuatro artículos constitucionales —entre ellos el 89, el 21, el 124 y el 133— además de los artículos tercero y quinto de la Ley de Seguridad Nacional. La gobernadora María Eugenia Campos solicitó una reunión con Sheinbaum para abordar el asunto, y convocó a una Mesa Estatal de Seguridad en Ciudad Juárez.
Jáuregui reconoció que las autoridades chihuahuenses debieron haber notificado al gobierno federal sobre la presencia de los agentes, y anunció que prepara un informe para la Presidencia. Dijo desconocer la agencia a la que pertenecían los estadounidenses fallecidos, arguyendo que "ellos estaban adscritos a la embajada y a nosotros no se nos proporciona información de a qué agencia pertenecen".
Brújula Política: Jáuregui llegó a este episodio como el operador político más sólido de Maru Campos y con la mano levantada para la alcaldía de Chihuahua en 2027. El cambio de declaraciones —torpe y documentado— lo deja como el eslabón débil de una cadena que ahora Palacio Nacional tiene razones para jalar. En los círculos cercanos a la Fiscalía se mueve ya la posibilidad de que Jáuregui salga del cargo: no como derrota, sino como la única jugada que le permite a Campos recomponer su relación con la federación, a él tomar distancia del escándalo y, eventualmente, regresar al ruedo con menos heridas. La pregunta no es si se va, sino cuándo y en qué términos.
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