Sesión solemne del Congreso termina con represión y gas pimienta
Lo que debía ser una sesión solemne del Congreso del Estado en Ciudad Juárez terminó siendo una crisis parlamentaria con diputada golpeada, gas pimienta en el exterior del Poliforo y una fractura entre bloques que ya no tiene mucho de disimulada. El detonante fue la exclusión del dictamen sobre matrimonio igualitario del orden del día, a pesar de haber sido aprobado previamente en la Comisión de Igualdad. El PAN lo sacó del programa y cuando el tema estalló afuera, sus diputados abandonaron el recinto para romper el quórum y evitar la votación. Seis años llevan los colectivos LGBT+ de Chihuahua esperando que el Congreso se pronuncie. Este martes volvieron a irse con las manos vacías y con los ojos ardiendo de gas pimienta.
La diputada de Morena Jael Argüelles acompañaba la protesta en el exterior cuando fue agredida físicamente por elementos de seguridad del Congreso y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Cuauhtémoc Estrada lo denunció desde la tribuna, los diputados de Morena salieron en bloque a verificar lo que pasaba afuera, y lo que encontraron fue a la legisladora visiblemente golpeada y con el rostro irritado por el gas. La diputada Elizabeth Guzmán también fue impedida de ingresar libremente al recinto. Si se confirma que elementos policiales bloquearon el acceso de legisladoras en ejercicio de sus funciones, el asunto deja de ser una bronca política y se convierte en un problema constitucional de otro calibre.
El PAN dirá que los manifestantes alteraron el orden y que el desalojo fue necesario. Morena dirá que usaron la fuerza para tapar un tema que no quieren votar. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, pero lo que no tiene vuelta de hoja es la imagen: diputada golpeada, gas pimienta contra la comunidad LGBT+, y el matrimonio igualitario enterrado otra vez en un cajón del Congreso chihuahuense. En un momento donde el gobierno estatal ya está bajo el foco nacional por el CIA-gate, este episodio no ayuda en nada.
Los empresarios le sueltan la mano a Maru Campos
El PAN anunció movilizaciones de respaldo a la gobernadora y esperaba que el sector empresarial se sumara. No se sumó. El presidente de Coparmex Chihuahua, Jorge Treviño Portilla, fue directo este miércoles: el organismo no participará en las marchas convocadas por el PAN porque no pueden verse involucrados en una movilización de apoyo específico a una persona. La postura es la que cualquier organismo empresarial bien asesorado debería tener, pero en el contexto político actual su peso es mayor que la frase misma.
El distanciamiento no nació este miércoles. Viene acumulándose desde los desaires de la gobernadora al sector y desde las manifestaciones empresariales contra el aumento al Impuesto Sobre Nómina que el gobierno estatal impulsó. El empresariado chihuahuense no está con Morena, pero tampoco está dispuesto a ser el escudo humano de una gobernadora que los ha ignorado cuando les convenía ignorarlos. Treviño Portilla lo envolvió en lenguaje institucional, habló de debido proceso y estado de derecho, pero el mensaje real es más simple: esta no es nuestra pelea y Maru no se la ganó.
Para el PAN eso es un golpe que duele más de lo que quieren admitir. Una marcha de apoyo a la gobernadora sin el respaldo visible del empresariado organizado en un estado donde ese sector tiene peso político real es una marcha que llega disminuida antes de arrancar.
Maru acumula frentes: ahora Corral la denuncia por secuestro
La gobernadora amaneció este miércoles con un citatorio más sobre la mesa, y este tiene un sabor particular. Durante la madrugada recibió notificación de una denuncia presentada por el exgobernador Javier Corral en su contra por supuesto secuestro y abuso de autoridad, relacionada con el operativo conocido como el "corralazo": el intento de ejecutar una orden de aprehensión contra Corral por presunto peculado y desvío de recursos, que fue frenado en agosto de 2024 en el bar Gin Gin. El citatorio la llama a comparecer en la Ciudad de México.
Maru respondió en video con un tono que ya no intenta disimular el agotamiento de semanas de crisis acumulada. "En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato de poder federal. Me acusan de delitos sin una sola prueba por haber desmantelado un narcolaboratorio. Ya formalizaron la solicitud de juicio político para destituirme. Me citan inconstitucionalmente a comparecer ante el Ministerio Público Federal. Y ahora intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado." Es un recuento largo, y lo más revelador es que cada punto que menciona es real. No es retórica, es el inventario de su semana.
Lo que hace más incómodo el asunto es el nombre del denunciante. Javier Corral, el mismo senador que días atrás apareció fotografiado en el Country Club de Culiacán conviviendo con Enrique Inzunza, señalado por Washington por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, es quien ahora presenta una denuncia penal contra la gobernadora. Maru no dejó pasar eso y lo dijo directamente: Corral presume reuniones con personas acusadas de nexos con el narcotráfico mientras la denuncia en su contra por desmantelar un laboratorio de drogas. El contraste es demasiado visible para ignorarlo, y la gobernadora lo construyó como argumento con una precisión que en semanas anteriores no había tenido. "Voy a dar la cara. No me escondo ni me esconderé", cerró. Por ahora, esa es su única trinchera disponible.
Ya entrada la noche, la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró que el citatorio es de tramite ya que no existe imputación alguna sobre algún delito en contra de la gobernadora. Lo que sí es que Maru Campos tiene definida y estrategia y ahorita cualquier cosa que la victimice la utilizará a su favor.
El juicio político contra Maru Campos entra a la Cámara
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó este martes que la solicitud de juicio político contra Maru Campos fue recibida formalmente. Once diputados de Morena de Chihuahua la suscribieron. El documento tiene hasta el 29 de mayo para ser ratificado y poder pasar a la Subcomisión de Examen Previo, que determinará si el proceso tiene elementos para continuar.
El juicio político no es un mecanismo rápido ni sencillo. La Subcomisión tiene que determinar procedencia, después viene la instrucción, y en cada etapa Morena necesita sostener los votos y el argumento jurídico sin que el proceso se convierta en un boomerang. El riesgo que han reconocido dentro del propio movimiento es que ir demasiado fuerte abre la puerta a que la oposición use el mismo instrumento contra gobernadores de la 4T acusados por Washington. Pero la solicitud ya está dentro. El proceso formal comenzó y eso tiene su propia inercia.
Para Maru Campos la semana acumula frentes: citatorio de la FGR el miércoles, juicio político en la Cámara, empresarios que no la acompañan en la marcha, y un episodio de gas pimienta en el Congreso local que llegó a los noticieros nacionales por las razones equivocadas. La contención de daños que parecía estar funcionando hace unos días empieza a tener más grietas que parches.
Rocha Moya se presenta y marca la pauta
El gobernador con licencia de Sinaloa fue este martes el primero del grupo de diez acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en presentarse formalmente ante la FGR en Culiacán. Lo acompañaron el vicefiscal con licencia Dámaso Castro, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez y el senador Enrique Inzunza, el mismo que días atrás apareció en la foto con Javier Corral en el Country Club. Todos acudieron en calidad de testigos, según precisó la Secretaría de Gobernación.
Rocha Moya fue el único que habló después. Lo hizo por redes sociales con el tono de quien quiere proyectar tranquilidad sin que se le note el esfuerzo: respondió todas las preguntas, confía en el sistema judicial mexicano, acudirá a futuros llamados. Es el manual del funcionario que quiere parecer colaborador sin comprometerse más de lo necesario. Inzunza y Gámez llegaron juntos en camioneta y no dijeron nada. El silencio de ambos después de semanas de bajo perfil dice lo suficiente.
Lo que este movimiento le resuelve al gobierno federal es el argumento más inmediato: ya no pueden decir que Morena protege a sus acusados. Se presentaron, declararon como testigos y el proceso sigue su curso. Es la misma lógica que usó Maru Campos al confirmar su asistencia al citatorio en Ciudad Juárez: ir es mejor que no ir, porque no ir le da al adversario el argumento que necesita. En ambos bandos la semana arrancó con la misma conclusión. Hay que presentarse, aguantar, y pelear la narrativa desde adentro del proceso.
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