COLUMNA 11 NOVIEMBRE 2026

El hombre que metió a la CIA dice que Maru sí sabía

El martes Chihuahua amaneció en The New York Times, y no para bien. El diario publicó un reportaje titulado "El hombre que ayudó a la CIA a operar en secreto en México", y ese hombre es Guillermo Arturo Zuany Portillo, exjefe de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Maru Campos. Con base en nueve funcionarios y agentes de ambos países, el reportaje describe que desde el otoño de 2025 Zuany presentó a un agente estadounidense ante policías estatales, y que los oficiales de la agencia acompañaron operativos durante al menos seis meses, con armas, equipo táctico y, en algunos casos, prendas con insignias de las corporaciones de Chihuahua. Lo de El Pinal no fue una visita de cortesía: fue el día en que se destapó una colaboración que llevaba meses funcionando. Y el remate vino por mensaje de texto: Zuany le dijo al Times que la gobernadora sí sabía.

El personaje no es un santo. Tiene fama de muy bien conectado, se le sospecha de corrupción y el FBI lo investigaba por presuntos nexos con cárteles mientras él le abría la puerta a la CIA. Renunció en mayo, tiene órdenes de aprehensión de la FGR y de la Fiscalía estatal, se ampara para que no lo detengan y se presume que está en Estados Unidos. Es un testigo incómodo, pero estuvo en el cuarto donde se tomaban las decisiones.

La gobernadora respondió el mismo día, en gira por Juárez: negó haber sabido y le pidió a Zuany que, si tiene algo, se lo diga a un juez. La frase suena firme hasta que uno recuerda que en mayo, citada por la FGR, Maru llegó con un escrito para manifestar que no estaba dispuesta a aportar información, escudada en su fuero. La que no quiso declarar ante la autoridad federal ahora exige que su exfuncionario vaya a declarar. Y el fondo es más delicado: su defensa de siete meses ha sido una sola, "no sabía". Si el que operaba la relación con la CIA dice lo contrario, la discusión deja de ser sobre soberanía y se vuelve sobre veracidad.

La Fiscalía de Loya sale de abogada

Horas después, la Fiscalía General del Estado salió al rescate con un comunicado. Aseguró que ninguna de las 150 declaraciones de la carpeta respalda lo dicho por Zuany, y fue más lejos: lo que la investigación acreditó, y lo que un juez tuvo por probable al vincular a proceso, es que la información le fue ocultada a la gobernadora. Sobre Zuany, dijo que sus dichos vienen de una persona con orden de aprehensión vigente, que no forman parte de la causa penal y que no se pronunciará sobre declaraciones hechas fuera del proceso.

Llama la atención la prisa. La Fiscalía de Gilberto Loya, el mismo que se bajó de la carrera por la gubernatura a cambio de quedarse en el cargo, tardó horas en actuar como defensa de la gobernadora, no como el órgano que investiga. Y hay un detalle revelador: en su comunicado sigue llamando a los extranjeros "ciudadanos estadounidenses", sin pronunciarse sobre si eran de la CIA, cuando a estas alturas eso ya lo da por hecho medio mundo.

Queda una pregunta en el aire. Si la Fiscalía estatal tiene orden de aprehensión contra Zuany desde octubre y él se ampara para no ser detenido, ¿qué tanto le conviene realmente a Palacio que se siente frente a un juez? Mientras esté prófugo, sus palabras son "las de un prófugo". El día que declare en un expediente federal, son otra cosa.

El miedo de Palacio, y el preso que espera turno

En Palacio, se comenta en los pasillos, el temor no es el reportaje del Times. Es lo que viene después. La preocupación es que Zuany termine integrándose como testigo protegido, de este lado o del otro de la frontera, y que su testimonio entre formalmente a un expediente. Ahí deja de ser un mensaje de texto a un periódico y se vuelve una declaración con valor jurídico, capaz de poner en vilo todo lo que la gobernadora ha dicho desde abril.

Y no es el único hombre de la Fiscalía de Maru que espera turno. César Jáuregui, encerrado en el Altiplano por traición a la patria, está muy al pendiente, se desliza, esperando el momento de declarar en contra de la gobernadora. No le faltan motivos: Maru lo soltó cuando estalló el caso, impulsa a otro para la alcaldía que él quería y apenas el lunes declaró que el exfiscal no le pasaba las cifras de desplazados. Jáuregui ya escribió que lo volvería a hacer. Lo que no ha dicho, todavía, es lo que sabe.

Es la pinza que más debería preocupar a Palacio: el exfiscal general y el exjefe de Operaciones Estratégicas, uno preso y otro prófugo, los dos abandonados por la gobernadora, y los dos con algo que contar sobre los mismos meses. Si uno habla, es su palabra contra la de ella; si hablan los dos y coinciden, el "no sabía" se desmorona. Y en medio queda el PAN: hace tres días su Consejo defendió a Jáuregui como chivo expiatorio del régimen, y hoy la gobernadora y su Fiscalía insisten en que la culpa fue de sus subordinados. Los dos no pueden tener razón. Quien paga la cuenta es Marco Bonilla, que construyó su campaña sobre la defensa de Maru y ahora tendrá que escoger entre el panismo que defiende al exfiscal y la gobernadora que lo culpa.

Andrea suma a un delegado federal

Mientras el PAN se desangra con el caso CIA, en Morena el reacomodo sigue. Benjamín Carrera, que hasta ahora era el representante de la Secretaría de Agricultura federal en Chihuahua, dejó el cargo para integrarse al proyecto de Andrea Chávez en Juárez. No es un nombre menor: exdiputado local de Morena, con experiencia técnica en el sector agropecuario y con interlocución con los productores del estado.

La incorporación confirma que el equipo de Andrea en Juárez se está armando con perfiles de peso, no solo con estructura territorial. Y abona a la discusión de la semana sobre los movimientos de cuadros entre los proyectos de Andrea y de Cruz Pérez Cuéllar. Cruz ya dijo que quienes se suman a Juárez lo hacen dentro del mismo movimiento y que su estructura sigue intacta. Lo que es un hecho es que la candidatura de Juárez se está convirtiendo en un polo de atracción por sí misma.

Para Morena, el reto es que esos dos polos, el estatal de Cruz y el municipal de Andrea, terminen jalando en la misma dirección. Si lo logran, la frontera será un bastión difícil de romper para el PAN.

El Municipio cuenta lo que no llega

En la capital, el Gobierno Municipal reportó un faltante de 156 millones de pesos en recursos federales, justo cuando arranca la discusión del presupuesto 2027. Es la misma narrativa que el PAN ha sostenido todo el año: que la Federación castiga a Chihuahua y que el Municipio tiene que hacer malabares con sus excedentes para que las obras no se detengan.

La otra cara la ha planteado Morena desde el Cabildo. El regidor Miguel Riggs ha insistido en que, aunque las participaciones bajaron, las aportaciones federales subieron en mayor proporción, y que el problema es cómo se administran. Es decir, el dinero llega, solo que llega etiquetado y no se puede usar para el gasto corriente que el Municipio quiere cubrir.

La discusión del presupuesto será el escenario donde se vea quién tiene razón. Y no es casualidad que Riggs haya dicho que no pedirá licencia hasta que pase la Ley de Ingresos: el presupuesto de la capital ya es, desde ahora, tema de campaña.