En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, denunció a la jueza Hortencia García Rodríguez y al juez José Fernando García Quiroz por favorecer a delincuentes en sus fallos recientes.

Rodríguez Bucio criticó a la jueza García Rodríguez por cambiar la medida cautelar del ex gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Duarte, acusado de peculado y asociación delictuosa, fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 y enfrentaba su proceso en prisión preventiva hasta que la jueza ordenó su cambio de medida sin una audiencia de revisión de medidas cautelares.

“El 4 de junio, la jueza García Rodríguez ordenó a la autoridad penitenciaria dejar sin efecto la prisión preventiva del ex gobernador, basándose en dos resoluciones de apelación de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua”, explicó Rodríguez Bucio. Dos días después, el 6 de junio, la jueza formalizó el cambio de medida a prisión domiciliaria, con la portación de un brazalete electrónico y la entrega del pasaporte.

Por otro lado, el juez García Quiroz fue señalado por amparar a Rafael Caro Quintero para evitar su extradición a Estados Unidos. El 27 de mayo, García Quiroz concedió una suspensión de plano para que las autoridades mexicanas no ejecuten la petición de extradición contra Caro Quintero y cesen cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional y el artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, ordenó a las autoridades informar sobre el cumplimiento de esta suspensión en un plazo no mayor a 24 horas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó estos casos como ejemplos de la necesidad urgente de una reforma al Poder Judicial. “La actitud de estos jueces demuestra que se necesita una reforma. Los beneficiados de la corrupción se oponen a ella, pero el pueblo demanda justicia”, expresó López Obrador.

El presidente insistió en que una reforma judicial es crucial para evitar que personas sin principios y con intereses corruptos controlen el sistema de justicia. La propuesta de reforma será discutida en foros públicos y universidades antes de su presentación en el Congreso, buscando una amplia participación y consenso.

Estos señalamientos subrayan las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y refuerzan la determinación del gobierno de López Obrador de llevar adelante cambios estructurales en el sistema judicial mexicano.