El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que redefine a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), cambiando su estatus de “empresas productivas” a “empresas públicas del Estado”. Este cambio busca devolver a estas entidades su carácter público y su responsabilidad social en la prestación de servicios esenciales.

El dictamen fue aprobado en lo general con 86 votos a favor provenientes de senadores de Morena, PVEM, PT y un legislador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez. En contra, se manifestaron 39 senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de una abstención de la senadora Amalia García Medina del Movimiento Ciudadano.

A pesar de que se presentaron reservas para modificar tres artículos del dictamen, estas no fueron aceptadas, y los artículos fueron aprobados en sus términos con la misma votación. La reforma logró así la mayoría calificada necesaria para su aprobación en el Senado, y ahora será enviada a las legislaturas estatales para su consideración.

El nuevo dictamen elimina el concepto de “empresas productivas del Estado”, previamente establecido por recomendaciones de organismos financieros internacionales. Esta definición había desnaturalizado la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad, enfocándose en la obtención de utilidades. Con la reforma, se restablece la misión principal de CFE y Pemex: asegurar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad para toda la población.

Además, la reforma establece que serán las leyes las que definirán la participación de actores privados en la industria eléctrica, aclarando que estas actividades no tendrán prioridad sobre las funciones de las empresas públicas del Estado. Asimismo, se menciona que las funciones ejercidas por el Estado en sectores estratégicos, como el servicio de Internet y la planificación del sistema eléctrico nacional, no serán consideradas monopolios.

Con esta reforma, el Senado busca fortalecer el papel del Estado en el sector energético, garantizando que las empresas públicas prioricen su responsabilidad social sobre la rentabilidad económica.