El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respondió este martes a los cuestionamientos de productores y campesinos en torno a la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, destacando que el principal objetivo de la nueva legislación es que el agua deje de considerarse como una mercancía y sea reconocida como un bien estratégico de la nación.
Durante su intervención, el funcionario federal señaló que el cambio propuesto busca garantizar que el Estado mexicano sea el único responsable de regular, administrar y garantizar el uso del recurso hídrico, eliminando la posibilidad de que los títulos de concesión sean transmitidos entre particulares como si se tratara de un bien comercial.
“El tema central de esta reforma es dejar de ver al agua como una mercancía. Se trata de un bien estratégico, indispensable para la vida, para la producción y para el desarrollo del país. Por eso, el Estado debe ser quien regule su uso de manera equitativa y sustentable”, explicó.
En respuesta a las preocupaciones expresadas por sectores del campo, el titular de la Conagua aseguró que la iniciativa no afectará el derecho de los productores a heredar el uso del agua junto con la tierra. Rechazó categóricamente que se pretenda prohibir la transmisión de derechos por vía hereditaria, y calificó esa versión como una “especulación malintencionada”.
“Puntualizar es un tema que ha causado muchas especulaciones, que se está utilizando de una manera inadecuada sobre las herencias y la compraventa de tierras. Es totalmente falso, porque hay quien ha querido decir que ya no se va a permitir, sería absurdo pensarlo así. El binomio tierra y agua está garantizado”, afirmó.
Detalló que en los casos de herencia, los derechos de agua podrán mantenerse y distribuirse de manera proporcional entre los descendientes, como ha sido la práctica común, siempre y cuando se respeten los lineamientos del nuevo marco legal.
El funcionario federal insistió en que el objetivo de la reforma es asegurar un uso más justo, eficiente y sustentable del agua en todo el territorio nacional, con especial atención en la conservación de acuíferos y en el combate a la sobreexplotación y acaparamiento del recurso por parte de grandes intereses privados.
La iniciativa se encuentra actualmente en discusión en el Congreso de la Unión, donde ha generado intensos debates y manifestaciones de rechazo por parte de algunos sectores del agro y representantes del norte del país, quienes exigen una mayor apertura al diálogo antes de su eventual aprobación.
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