El Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya, enfrenta críticas por las inconsistencias entre su postura pública y su respuesta formal ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa respecto a la indemnización por daño moral a las familias de los custodios asesinados en el CERESO 3 de Ciudad Juárez.

Mientras en el ámbito legal Loya adopta un enfoque conciliatorio al reconocer parcialmente la responsabilidad institucional y aceptar el pago de prestaciones de ley a las familias afectadas, en declaraciones a los medios busca deslindarse por completo.

Uno de sus principales argumentos es que "el CERESO no dependía de la SSPE" al momento de los hechos, una afirmación que expertos califican de débil y sin sustento jurídico. La continuidad institucional del Estado implica que las responsabilidades no desaparecen por un cambio administrativo, algo expresamente establecido en el decreto LXVII/RFLEY/0503/2023, que transfirió el sistema penitenciario a la SSPE junto con sus obligaciones pendientes.

La disparidad entre las palabras de Loya y los actos oficiales ha generado desconfianza en las familias de los custodios caídos. Mientras públicamente niega responsabilidad, ha admitido ante el Tribunal que se busca "resarcir el daño" y se ofrece acompañamiento a los deudos.

Esto ha llevado a cuestionamientos sobre cómo puede pretender reparar un daño del que asegura no ser responsable.

Diversos especialistas subrayan que la responsabilidad del Estado es continua y no puede extinguirse por reorganizaciones internas. La propia gobernadora Maru Campos aceptó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre este caso, lo que hace que la postura evasiva del Secretario contradiga compromisos asumidos previamente por el Ejecutivo estatal.

Además, Loya ha señalado que correspondería al Congreso legislar sobre mejores prestaciones para los custodios, evadiendo la responsabilidad administrativa actual de indemnizar por daño moral derivado de la muerte de servidores públicos en el cumplimiento de su deber.

Las familias de los custodios asesinados exigen una respuesta clara, congruente y comprometida por parte de las autoridades. La prolongación del caso y las contradicciones oficiales no solo agravan su dolor, sino que también erosionan la confianza en las instituciones.

El Secretario Loya enfrenta ahora la exigencia de asumir plenamente su responsabilidad como titular del sistema penitenciario estatal y brindar una solución integral a las familias afectadas, honrando su deber como servidor público.