El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el catálogo de infracciones y reglas procesales que regirán las elecciones judiciales del próximo 1 de junio. Estas normas establecen las obligaciones y restricciones para candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados, jueces, servidores públicos, partidos políticos y ciudadanos.

Entre las principales infracciones que los candidatos deben evitar están:

• Contratar espacios en radio y televisión.
• Difundir propaganda electoral en materiales distintos al papel, como lonas, gorras o playeras.
• Realizar actos de campaña fuera del periodo autorizado.
• Utilizar recursos públicos en efectivo o especie para sus campañas.
• Difundir propaganda que calumnie o vulnere el interés superior de la niñez.

Por otro lado, los candidatos podrán:

• Financiar sus campañas con recursos propios, respetando los topes de gasto que el INE definirá próximamente.
• Promocionarse mediante propaganda impresa en papel reciclable y libre de sustancias nocivas.
• Participar en debates organizados por el INE o por otros sectores en condiciones de equidad.

Los servidores públicos no podrán usar recursos públicos, programas sociales o beneficios para influir en el voto ciudadano. Además, les está prohibido organizar foros o participar como moderadores en eventos vinculados al proceso electoral.

Los partidos políticos, por su parte, tienen prohibido realizar actos de proselitismo, posicionarse a favor o en contra de candidaturas, contratar encuestas o entregar beneficios en especie o efectivo relacionados con las elecciones.

El catálogo también incluye a los ciudadanos como sujetos responsables de posibles infracciones. La consejera Norma Irene de la Cruz propuso eliminarlos del listado, pero su propuesta fue rechazada por los consejeros, quienes argumentaron que cualquier persona podría incurrir en conductas que favorezcan a algún candidato.

El INE establecerá en las semanas siguientes los topes de gasto de campaña y continuará con los preparativos para garantizar unas elecciones judiciales transparentes y equitativas.