La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este lunes con firmeza respecto al caso del rancho Izaguirre, emplazado en Teuchitlán, Jalisco, señalado por autoridades federales como centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Tiene que salir la verdad”, afirmó la mandataria, subrayando que el esclarecimiento de lo ocurrido en ese predio es una demanda legítima del pueblo de México y, en especial, de las familias de personas desaparecidas.

El lugar, actualmente bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), fue descrito por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como un punto estratégico de reclutamiento y entrenamiento paramilitar del CJNG, dirigido por José Gregorio “N”, alias El Lastra, presunto responsable directo de la operación logística del sitio. La presidenta señaló que su captura representa un avance significativo para acceder a información clave y determinar el alcance real de las actividades desarrolladas en el rancho.

Sheinbaum remarcó que corresponderá exclusivamente a la FGR determinar si en el predio hubo personas que perdieron la vida, una posibilidad que no ha sido descartada, aunque tampoco confirmada oficialmente. La mandataria reiteró que su administración mantendrá una postura de respaldo irrestricto a las víctimas y a la búsqueda de justicia, evitando especulaciones y centrando los esfuerzos en garantizar que las investigaciones sean llevadas con rigor y transparencia.

“Todos tenemos que tener la certeza de ese lugar. No se trata solo de combatir la desinformación o las versiones manipuladas, sino de entregar la verdad a quienes más la necesitan: las familias que buscan respuestas”, expresó Sheinbaum, en un mensaje dirigido tanto a la sociedad como a las fiscalías implicadas. En ese sentido, exhortó a la fiscalía estatal a colaborar plenamente con la FGR, poniendo a su disposición todas las evidencias recabadas.

La detención de El Lastra es considerada estratégica para desentrañar la dimensión de los crímenes cometidos y para identificar a otros actores involucrados, tanto a nivel regional como nacional. Sheinbaum anticipó que en los próximos días podrían revelarse más detalles de operativos en otros estados, con vínculos indirectos a estructuras de violencia, aunque no necesariamente relacionados con desapariciones.

La atención pública sobre el rancho Izaguirre trasciende la caracterización inicial como centro de entrenamiento. Las declaraciones oficiales muestran una apertura inusual hacia la posibilidad de que en ese lugar se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos, un reconocimiento implícito de la urgencia por dar respuestas concretas en un país atravesado por la crisis forense y de desapariciones.

Mientras las investigaciones continúan y las autoridades federales prometen verdad y justicia, el caso del rancho Izaguirre se perfila como uno de los expedientes más delicados en el inicio del sexenio. La expectativa no se limita al esclarecimiento puntual de un predio: está en juego la credibilidad de un modelo de seguridad y la capacidad institucional para responder a una de las heridas más profundas del México contemporáneo.