Durante un acto oficial en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum proclamó que el próximo 1 de junio marcará un hito sin precedentes en la historia democrática de México. Según expresó, la elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial transformará al país en “el más democrático de todo el mundo”, al sumarse a los comicios presidenciales, legislativos y estatales programados para esa misma jornada.

“Vamos a demostrar que México es el país más democrático del planeta”, afirmó la mandataria al encabezar el arranque del programa Vivienda para el Bienestar. Subrayó que la participación ciudadana en la designación de integrantes del Poder Judicial representa una profundización del sistema democrático, al trasladar decisiones tradicionalmente reservadas a órganos especializados al sufragio directo de más de 100 millones de ciudadanos.

Este proceso se inscribe dentro de la reforma al Poder Judicial impulsada desde el oficialismo, cuyo componente más disruptivo es precisamente la elección popular de los jueces de primera instancia, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El gobierno sostiene que esta transformación busca “democratizar” el sistema de justicia y devolver la legitimidad al órgano judicial mediante el voto ciudadano.

Sin embargo, la reforma ha sido objeto de críticas y alertas por parte de organismos nacionales e internacionales. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, advirtió el año pasado sobre las implicaciones “amplias y preocupantes” que este cambio puede tener para la autonomía judicial en México. Diversos sectores han planteado que una elección de esta magnitud podría politizar el sistema de justicia, exponer a los candidatos a presiones electorales y debilitar los contrapesos institucionales.

El proceso contempla la participación de más de 4,000 aspirantes, quienes competirán por los cargos en las distintas instancias del Poder Judicial, en lo que se perfila como un ejercicio electoral inédito tanto por su alcance como por su impacto institucional.

Desde el Ejecutivo, no obstante, se insiste en que esta reforma es parte de un proceso de transformación profunda del país. Sheinbaum reiteró que su administración continuará promoviendo mecanismos para acercar el poder público a la ciudadanía, especialmente en sectores históricamente excluidos. “Elegir a nuestros jueces es un paso más para consolidar un país verdaderamente del pueblo y para el pueblo”, dijo.

La elección del 1 de junio será, por su carácter simultáneo y su número de cargos en juego, una de las más complejas de la historia contemporánea de México. En ella, además de la Presidencia, se renovarán ocho gubernaturas, el Congreso de la Unión y, por primera vez, buena parte del aparato judicial del país.

A medida que se acerca la fecha, el proceso judicial-electoral promete redefinir el equilibrio entre poderes y colocar a México bajo la lupa de la comunidad internacional, que observa con atención el experimento democrático que, en palabras de la presidenta, “no tiene paralelo en el mundo”.