La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el Congreso del Estado de Chihuahua violó la ley al negarse a entregar al Instituto Electoral local la lista de las 94 personas evaluadas para ser candidatas a los tribunales estatales, ordenándole hacerlo en un plazo máximo de seis horas. Con esta decisión, todas las personas que completaron la etapa de evaluación tendrán pase directo a las boletas para competir por cargos en el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Disciplina.

La sentencia revierte la decisión previa del Congreso, impulsada por la mayoría del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que bloqueó la aprobación del listado por considerar que varios aspirantes tenían vínculos con el exgobernador Javier Corral. Esta negativa provocó que las campañas judiciales iniciaran el domingo sin candidaturas oficiales para ambos tribunales.

La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, argumentó que la omisión del Congreso constituyó una “violación directa” a las normas que ellos mismos aprobaron, afectando los derechos político-electorales de las 94 personas que cumplieron con el proceso de evaluación por parte de los comités técnicos. “No se trata de si quieren o no cumplir las leyes del Estado”, sentenció Soto.

La Sala validó la propuesta de Soto frente a la alternativa planteada por la magistrada Janine Otálora, quien proponía que el Congreso retomara el proceso de votación calificada o insaculación. Sin embargo, el TEPJF optó por una solución inmediata ante la urgencia de imprimir las boletas electorales y evitar que los aspirantes sigan en desventaja.

El Instituto Electoral de Chihuahua tiene ahora un plazo de 12 horas para sesionar y aprobar formalmente la lista, permitiendo así que todas las personas evaluadas puedan iniciar campaña sin más filtros ni trámites legislativos.

Esta decisión representa un golpe institucional al Congreso de Chihuahua por incumplir su propia normatividad y evidencia la tensión creciente entre los poderes legislativo y judicial en el contexto de las elecciones del 1 de junio. La resolución también subraya el carácter inédito del proceso judicial electoral en el país, en el que por primera vez se eligen jueces y magistrados mediante voto popular.